En el marco de un seminario internacional sobre archivos, memoria y derechos humanos, convocado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia), se realizó el día 13 de junio de 2025 una entrevista a la profesora Ludmila da Silva Catela. La misma tuvo lugar al día siguiente de una conferencia pública de la profesora da Silva Catela en la que presentó, ante investigadores y archivistas colombianos, los resultados de más de dos décadas de trabajo con archivos de la represión en Argentina y Brasil.

La profesora Catela es antropóloga social egresada de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Realizó su maestría y doctorado en la Universidade Federal do Río de Janeiro (Brasil). Fue directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba (Argentina) entre 2006 y 2015, cargo desde el que lideró la recuperación, digitalización y apertura pública de fondos documentales del sistema represivo argentino. Allí se incluyó el llamado Registro de Extremistas (Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba) -más de ciento cincuenta mil negativos fotográficos de la policía provincial-, archivos de libros prohibidos durante la dictadura, documentación de comisarías, del servicio penitenciario, de hospitales públicos y de empresas. Es docente de la Maestría en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) desde su fundación, e investigadora del CONICET (Argentina). Entre sus publicaciones se destacan trabajos sobre memoria, represión política, identidad y archivo en el Cono Sur.

Sus reflexiones se inscriben en una trayectoria que combina la investigación etnográfica, la gestión de políticas públicas de memoria y el activismo por los derechos humanos. Esa combinación -que ella nombra como poner el cuerpo- es uno de los ejes de esta entrevista. La profesora Catela no habla sobre el archivo desde un “exterior”, sino desde un “adentro” de las experiencias concretas de recuperación documental, negociación institucional y devolución comunitaria.

El siguiente texto corresponde a fragmentos editados de dicha entrevista, en el que la investigadora presenta reflexiones sobre el archivo como sujeto político, los desafíos éticos y metodológicos del trabajo con documentos represivos, la tensión entre archivos nacionales y provinciales, la escala como condición del trabajo de memoria, y la necesidad de descolonizar las nociones dominantes de archivo. A lo largo del diálogo emergen también preguntas sobre la relación entre el deber del archivo que compete al Estado y el derecho al archivo que corresponde a los ciudadanos, sobre el uso del ADN como herramienta de identidad y lucha, y sobre el lugar que ocupan en la memoria latinoamericana las víctimas que fueron también actores políticos.

Lo sagrado, lo profano y los archivos como parte de mi trayectoria

(Jefferson Jaramillo Marín -en adelante JJ-): Ludmila, cuéntanos un poco de ti, cómo llegaste a trabajar los temas de memoria y archivo, cuál fue el camino que te trajo hasta aquí.

(Ludmila da Silva Catela -en adelante LC-): Nací en Ceres, un pueblo pequeño de la provincia de Santa Fe (Argentina). Mis padres fueron la primera generación de universitarios de la familia y el valor de la universidad en mi casa era total, no existía la posibilidad de no ir a estudiar. Inicialmente quise estudiar sociología, pero esa carrera no existía en Rosario, así que estudié antropología social. Soy producto cien por ciento de la educación pública -primaria, secundaria, universitaria-, algo que en Argentina seguimos sosteniendo a pesar de todo. En la universidad trabajé cuestiones asociadas con la religión, específicamente estudié la Iglesia Mormona. Todo ese caudal de lecturas sobre los rituales, lo sagrado, lo profano me sirvió mucho después para entender los procesos de memoria, aunque en ese momento no lo sabía.

Cuando terminé la universidad en Rosario, me fui a hacer la maestría a Brasil, a la Universidade Federal do Río de Janeiro. Seguí con el tema de la religión -comparé el proceso religioso de los mormones en Argentina y en Brasil-, y en ese período encontré en el diario Página 12 un llamado de la Fundación Spielberg para reclutar entrevistadores en todo el mundo para recoger testimonios de sobrevivientes del Holocausto.¹ Me presenté y me seleccionaron. Ese fue mi primer contacto real con las preguntas sobre la experiencia límite de la violencia. Yo era una persona que había sido una niña durante la dictadura en Argentina. Durante la universidad había acompañado marchas, pero nunca me lo había preguntado desde un lugar sociológico. Las historias de los sobrevivientes del Holocausto fueron muy impactantes; salía de cada entrevista diciéndome: ¿de qué me quejo?

También aprendí una metodología muy particular. La Fundación tenía una forma muy estricta de hacer las entrevistas -todas con el mismo formato: cómo había sido la vida antes del Holocausto, durante y después-, lo cual hacía que conformaran un archivo homogéneo y comparable. Creo que fue la primera vez que tomé noción de que la historia oral podía convertirse en un archivo, de que el testimonio podía tener ese valor de reservorio hacia el futuro. El otro día entré a ver una de las entrevistas que hice (Catela, 2009), la única que está libre, y pensé: qué poderoso, porque esas personas están todas muertas y ahí queda un reservorio enorme de sus historias. El valor del archivo para los procesos de memoria es total, especialmente pensando hacia el futuro, más allá de la existencia vital de las personas.

Ahí hice un vuelco total y dije: tengo que investigar sobre los desaparecidos de Argentina. Me presenté al doctorado pero inicialmente no pude acceder al campo a través del equipo de antropología forense dado que no podían darme los nombres de las personas. Era una cuestión ética, eran los años noventa, estaban las leyes de impunidad de obediencia debida, los indultos de Carlos Menem,² había bastante silencio social en torno al pasado reciente y terminé trabajando con familiares de desaparecidos de La Plata (Argentina). Mi exsuegra, que había sido jueza, me conectó con varias familias que tenían hijos desaparecidos. No fue fácil el inicio, había mucho miedo. Como antropóloga, mi trabajo de campo estuvo basado en entrevistas, pero fueron ellos quienes me insertaron en el mundo del archivo: no podían hablar de sus desaparecidos sin mostrarme un papel, un expediente, un documento que habían ido acumulando como prueba de lo que el Estado negaba. Transformaron en evidencia de existencia lo que antes era simplemente una foto de un documento de identidad, un carnet de inscripción en una biblioteca, una ficha de un club. Las madres y los familiares fueron muy astutos en recuperar toda esa documentación. No había ningún familiar que no pusiera sobre la mesa algún tipo de documentación y la foto, que también tenía un sentido simbólico enorme.

Identidad, ADN y el doble valor del documento

(Erika Paola Parrado Pardo -en adelante EP-): Paul Ricoeur habla del ADN como la firma biológica del viviente.³¿Cómo entra esa dimensión en tu trabajo?

(L.C): Es más que la firma. Es también un elemento identitario central, que a su vez hay que discutir. Cuando Abuelas de Plaza de Mayo inicialmente decía “si no conocés tu identidad, vení a Abuelas”, esa identidad estaba totalmente basada en lo biológico, porque buscaban bebés y niños. A medida que pasó el tiempo y empezaron a buscar personas de veinte años -que ya habían construido una trayectoria, una identidad-, tuvieron que reformular su idea. Por eso creo que hay dos cuestiones distintas: la evidencia científica del ADN y el uso del ADN en términos identitarios para las luchas colectivas. Para los afrodescendientes, por ejemplo, el ADN no es solo un problema biológico, es un problema identitario y cultural. En Córdoba (Argentina) tenemos un banco de datos genéticos sobre poblaciones afrodescendientes e indígenas.

(J.J): Se convierte en una herramienta de lucha, entonces.

(L.C): Claro, totalmente. El ADN se convierte en una herramienta de lucha. Y ahí hay un uso cultural de lo biológico que me interesa mucho en términos de cómo se usa en las luchas sociales. En Brasil hay bastantes trabajos sobre la necesidad del uso de lo biológico como dato cultural para los movimientos negros. A mí me interesa la voz de cómo eso funciona en términos de las disputas colectivas.

Esto conecta también con lo que decía sobre el doble valor del documento. Un documento que tal vez fue simplemente una ficha para inscribirse en la biblioteca sirve luego como documento de denuncia de la ausencia de esa persona. El expediente con el que uno fue a pedir un trámite a la policía, que quedó con una ficha, una foto y una firma, sirve para comprender la gestión de la desaparición por pate del Estado. El cruce entre memoria, desaparición, derechos humanos y archivo es mucho más central de lo que en apariencia parece. En los procesos de memoria pública se nos revelan de inmediato los rituales, las marchas, pero eso es solo una parte de la lucha. Existe también algo que nos evidencian los archivos, o el proceso científico que permite la identificación de los restos o los rituales que se construyen en torno a ellos. Además, el archivo nunca es fijo, como tampoco lo es la memoria, van acumulando sentido estratigráfico, sumando capas para producir significado.

El archivo como sujeto político

(J.J): ¿Cómo defines el rol del archivo en los procesos de memoria? ¿Qué significa para ti pensar el archivo como sujeto político?

(L.C): A mí me gusta pensar el archivo como un sujeto político en el sentido de que puedes tener el Archivo General de la Nación (AGN) y puede ser que nunca vaya nadie,⁴ nunca nadie lo consulte. Pero también puede ocurrir que en un momento determinado, por una lucha específica, un grupo lo necesite y empiece a demandarlo, a pesar incluso de la resistencia de la institución. En la Argentina, por ejemplo, un grupo de intelectuales señaló que las clasificaciones sobre el mundo indígena estaban mal hechas, que uno no encontraba nada. Y ahí se generó toda una tensión sobre si se cambian o no las categorías. Los agentes que hacen que el archivo se torne vivo pueden ser muy variados: intelectuales o un cineasta que busca un documento. En la Argentina, el caso de la masacre de Napalpí ilustra bien esto:⁵ la película Octubre Pilagá nació de una cineasta que fue al AGN, encontró documentación del servicio penitenciario, hizo un documental increíble que generó un movimiento, y después de cien años de la masacre -gracias al archivo y a lo que la cineasta encontró en él- se hizo un juicio por la verdad.⁶ Sin archivos, sin los archiveros y archiveras que lo pusieron a disposición y sin investigadores que los indaguen de diferentes modos, más el testimonio oral de la gente -sin el cual el archivo tampoco tiene sentido porque no puedes leerlo-, ese juicio habría sido imposible.

Cuando pensamos en el archivo como esa cosa sagrada, se torna muy opaco. En cambio, cuando pensamos en el uso, en los sujetos, en la acción, en la política que hay detrás de todo eso, lo tornamos mucho más visible, lo tornamos vivo. Yo como antropóloga siempre miro las microprácticas. No es el acervo entero lo que nos sirve siempre; puede ser que un único documento que alguien fue a buscar por una cuestión específica desate un vendaval.

(E.P): ¿Y cómo se relaciona eso con la distinción entre el deber del archivo y el derecho al archivo?

(L.C): Esa es la discusión que creo que realmente debemos dar y que no estamos teniendo. Cuando se dice que la gente no tiene cultura de archivo, estamos imponiendo sobre el otro algo que nosotros determinamos. Si yo le digo al otro que no tiene lo que debería tener, es porque yo sé lo que debería tener. Pero si hablamos del deber del archivo que tiene el Estado y del derecho que tenemos los ciudadanos al archivo, a estar representados, a demandar, a usarlo, la conversación cambia completamente. Bajo esa óptica no le estoy diciendo al otro que le falta algo, sino que estamos reconociendo una relación de obligaciones y derechos mutuos. Yo sí creo que hay cultura de archivo: todos en nuestras casas somos pequeños archiveros de nuestras propias vidas. Heredamos el álbum de fotos de la familia, guardamos objetos, los cuidamos. La idea más elitista de lo que es un archivo te hace pensar que eso no cuenta; pero cuenta, y mucho.

(E.P): Es como el debate entre el imperativo y el uso.

(L.C): Exactamente. Y los usos en la cotidianidad hacen parte de un conjunto de estrategias culturales y también políticas. Por eso me gusta pensar el archivo como sujeto político, porque depende de quién lo active, cuándo y para qué.

El ingreso a los archivos represivos a través de la experiencia brasileña

(E.P): ¿Cómo fue tu experiencia con los archivos en Brasil?

(L.C): Cuando estaba terminando el doctorado, me presenté a un programa de becas que impulsó Elizabeth Jelin para estudiar memorias de la represión en el Cono Sur.⁷ Cuando le conté lo que estaba haciendo, fascinada con las entrevistas de mi tesis, me dijo, en un encuentro en La Lucila del Mar,⁸ que para esa investigación tenía prohibido hacer entrevistas. Le pregunté: ¿y qué hago? Me dijo: puedes trabajar sobre algún tema relacionado con archivo. Fue un shock, porque yo nunca había entrado realmente a un archivo, salvo una vez al archivo del Diario El Día de La Plata, donde encontré muy pocas cosas.⁹

Sabía que en Río de Janeiro habían desclasificado el archivo del DOPS (Departamento de Orden Político y Social), algo así como el departamento de inteligencia de la policía, que estaba cerca de donde yo vivía. Entonces fui, sin saber muy bien qué buscar. Empecé a hacer una etnografía de lo que me pasaba como investigadora, pedía cosas al azar, sin catálogo, sin inventario, solo con la buena voluntad de la archivera. Había que llenar una ficha con carbónico. Ahí empecé a pensar sobre la accesibilidad, sobre qué significaba para mí como investigadora estar leyendo la vida de personas que no conocía, de repente encontrarme con una carta de amor que había sido parte de una detención. Todos mis primeros trabajos fueron sobre la accesibilidad, la intimidad, la privacidad, la revictimización.

Después fui al archivo Nunca Mais de Brasil, en la Universidade Estadual de Campinas.¹⁰ La historia de ese archivo es fascinante: el Arzobispo Wright, junto con personas del movimiento de derechos humanos, fotocopió clandestinamente el archivo completo de los juicios militares a los detenidos en Brasil. Era una operación totalmente encubierta, el abogado sacaba el expediente, lo llevaban a un lugar, lo fotocopiaban y lo devolvían. Así duplicaron un archivo militar. Ese archivo duplicado es el que se conoce como Nunca Mais y está en Campinas (Estado de Sao Paulo, Brasil). Estuve aproximadamente un mes investigando ahí y me encontré con dos fondos documentales que me marcaron profundamente: uno sobre un proceso judicial que involucraba a una persona que había sido mi profesora, y todo el expediente del hermano de mi directora de tesis. Ninguna de las dos sabía que esos documentos existían. Los fotocopié, se los llevé, las entrevisté. Mi directora nunca había visto las fotos de su hermano asesinado.

Ahí se cruzan todas las cuestiones éticas: ¿qué hacemos cuando encontramos este tipo de documentación? Tenemos que saber también que la producción de esos documentos es la producción de la imagen del enemigo, del delincuente subversivo, del guerrillero, y que tiene una lógica de construcción, una intencionalidad política que es construir al monstruo que quiere destruir a la nación. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Lo reproducimos? ¿Reproducimos el horror de ciertas imágenes que están en esos acervos, o no? Creo que esas son cuestiones éticas que deberían ser obligatorias en todas las facultades. Y que deberían valer para todos los documentos, no solo para los que nos tocan ideológicamente. Inclusive para los documentos sobre los represores, el legajo personal de un funcionario tiene una parte que es la de su rol como represor que debe ser pública y otra sobre su familia, sus vacaciones, etc., que no aportan demasiado y pertenecen a su vida privada. Hay quienes dicen “publiquemos todo”. Nosotros en el archivo decíamos que no, que hay una parte que sí corresponde difundir y otra que no. La ética en torno a la difusión de la información tiene que valer para todos.

La Comisión Provincial de la Memoria de La Plata como un modelo

(J.J): Cuéntanos sobre el retorno a Argentina en 2001 y la experiencia con los archivos provinciales.

(L.C): En 2001 volví a la Argentina y justo habían encontrado detrás de una pared el archivo de la DIPPBA (Departamento de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires). Ese hallazgo motivó la creación de la Comisión Provincial de la Memoria.¹¹ Lo notable es que fue el objeto-archivo el que generó la política pública, y no al revés, no había una comisión conformada que necesitara el archivo; fue el archivo lo que impulsó la gestación de esa institución. Como ya había escrito sobre archivos y me conocían, me convocaron para hacer un proyecto sobre qué tipo de acciones se podían realizar.

Hubo mucha discusión sobre la accesibilidad. Los historiadores defendían que tenía que ser total, sin ningún tipo de restricción. Había otro grupo, en el que me incluía, que decía que primero había que saber qué había ahí. Además, sabíamos que podía haber documentos de confesiones bajo tortura, siempre muy delicados, no se sabe si lo que está ahí es lo que la persona realmente dijo, y si lo dijo, fue bajo tortura. Se cruzan tantos temas en torno al documento en sí mismo. Finalmente, prevaleció la idea de que primero había que conocer todo y que la accesibilidad tendría niveles regulados por la justicia, pues los documentos son prueba judicial hasta el día de hoy.

Ese archivo es ejemplar. Hicieron convenios con la universidad, lo digitalizaron, invitaron a investigadores para trabajos temáticos. La primera investigación fue sobre la estructura policial, los documentos van -si mal no recuerdo- de los años treinta a los noventa, para poder tener una idea de quién produjo esa documentación y cómo fue cambiando. Eso es muy importante, dado que el tipo de documentación de 1930-1960 es muy diferente al del período 1969-1983, cuando cambian las estrategias represivas. Esto generó mucho movimiento en la Comisión Provincial de la Memoria. Se creó el Programa Jóvenes y Memoria que es impresionante, coordinado originalmente por Sandra Raggio;¹² también la Revista Puentes,¹³ que fue muy innovadora en términos pedagógicos y central en las primeras discusiones sobre el campo de estudios de memoria. Para mí, La Plata es el modelo ejemplar, también porque fue disidente frente a la manera hegemónica de leer la memoria y el archivo.

(E.P): ¿Cuáles son los tránsitos que vas viendo en esas discusiones a lo largo del tiempo?

(L.C): Primero la discusión sobre la accesibilidad; después, cómo pedagogizar; y en el intermedio, cómo trabajar con esa información. La Comisión de La Plata hacía videos muy cortos sobre la devolución de los archivos,¹⁴ convocaban a las personas afectadas, les preguntaban si liberaban la documentación a la consulta pública, de manera total o restringida. Esto es un trabajo donde hay que poner el cuerpo. No es algo que un AGN pueda hacer; tienes que buscar a las personas, recibirlas, hablar con ellas, desmitificarles que lo que dice en ese documento no es necesariamente lo que pasó. Es un trabajo casi psicológico, que requiere personas sensibles y también expertas para confrontar esa documentación y poder devolvérsela a quienes les pertenece.

En la Argentina, la política de archivos en general es bastante caótica. Nadie sabe muy bien dónde están los archivos; vas al AGN y hay documentos que hace cien años están ahí sin clasificar. Creo que el cuidado, o el descuido de los archivos, también es la relación que tenemos con nuestro pasado, qué queremos que siga siendo visible y qué no. El mejor ejemplo es la guerra contra el Paraguay, que son dos archivos cerrados en Argentina y en Brasil. No podemos hacernos cargo de lo que generamos con Paraguay. De nuevo, el archivo como sujeto político.

El Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba: entre la praxis y la política

(E.P): Cuéntanos sobre el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, sobre cómo fue ese proceso.

(L.C): El Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba se creó en 2006 mediante la Ley 9.286.¹⁵ Cuando me llamaron para ser directora, me dijeron “hay un edificio en ruinas, haznos una propuesta”. Mi primera propuesta no tenía que ver con documentos en sentido estricto, más bien tenía que ver con la recuperación de historias orales y bibliotecas de libros prohibidos durante la dictadura. Recuperamos los decretos de prohibición de libros y generamos un acervo muy interesante que nadie tenía, que daba cuenta de la perspectiva represora sobre el control de la cultura, especialmente los libros escolares. Entrevistamos a muchas personas sobre qué habían hecho con sus bibliotecas, algunos los habían enterrado, otros los habían mandado lejos, otros los habían guardado.

Después, pasando siempre por una comisaría, tomé la decisión, de que teníamos que ir a ver qué hay ahí. La justicia ya había incautado mucha documentación del sistema represivo, pero nosotros éramos una institución nueva. Hablé con el secretario de Justicia de la provincia para que nos acompañara, porque ir solos era extraño, las fuerzas de seguridad son muy jerárquicas y masculinas, y él se imponía. Un amigo me decía, ustedes eran pescaditos barrefondos, iban a buscar lo último que quedaba. Encontramos de todo, en pésimo estado. Ahí toda la cuestión de la conservación, que parece un tema menor, no lo es.

Conformamos un equipo peculiar compuesto por técnicos, archiveros, académicos y militantes de derechos humanos -muchos de ellos estudiantes universitarios-. Todos los lunes nos reuníamos y decidíamos todo en asamblea, era tremendo, pero era muy bueno. Desde Buenos Aires, las archiveras del AGN decían que desmembrábamos los archivos. Yo les decía, nosotros buscamos, digitalizamos, les devolvemos una copia digitalizada. Nuestro trabajo técnico hizo que la justicia nos viera con buenos ojos y terminamos siendo como el brazo investigativo más poderoso de las causas: la fiscalía nos mandaba los nombres y el tipo de documentación que necesitaba y nosotros respondíamos con todo lo que teníamos.

Un acervo central fue el Registro de Extremistas,¹⁶ más de ciento cincuenta mil negativos fotográficos de frente y perfil de la policía. Muchas de esas fotografías daban cuenta de personas que habían estado presas o habían desaparecido. Sobre ese acervo hicimos una muestra que llamamos Instantes de Verdad, tomando la idea de Didi-Huberman.¹⁷ Trabajamos la banalidad del mal mostrando, por ejemplo, que mientras alguien está siendo fotografiado con los ojos vendados, el represor tiene la venda en la mano y el peine, y detrás hay soldados con tazas de café. El gran angular del fotógrafo lo capturaba todo; después se recortaba la foto para que dijera que habían detenido a quince delincuentes subversivos. La discusión ética fue enorme: ¿qué derecho teníamos de mostrar esas fotos? ¿Cómo las mostramos sin reproducir el horror? Finalmente hicimos una muestra, donde el técnico archivista Diego Martín Carro fue central para pensarla ya que era quien tenía contacto diariamente con esos negativos digitalizándolos. La muestra empezaba con documentos de la morgue, pasando por las fotografías del registro de extremistas y finalizaba con los testimonios de dos hijos de desaparecidos a quienes restituimos la imagen de sus padres en ese registro.

Esas fotos también permitieron muchos procesos de restitución de identidad. Gente que decía: no, esa no soy yo. O gente que decía: ¿pero cómo, si yo solo estuve detenida en 1977? Pero esta foto es de 1972, no me acordaba de esa detención. ¿Qué genera el archivo cuando realmente lo trabajas para las personas y no para la burocratización del documento?

En Villa María (Córdoba) encontramos un mueble de madera antiguo con cajoncitos que contenían negativos fotográficos clasificados por color: el celeste era para los policías, el rosa para los homosexuales, el rojo para los comunistas. El sobre no decía nada más que el nombre; el color era el que clasificaba a las personas. Era maravilloso, en el sentido de que revelaba toda una lógica de clasificación del mundo. Le pregunté al comisario si nos podíamos llevar el mueble. Me dijo “nosotros necesitamos un escritorio. Mandanos un escritorio” y nos llevamos el mueble. Hoy está en el archivo como objeto museográfico.

Escalas, posicionalidad y el archivo como lugar abierto

(J.J): Has combinado el rol de investigadora, administradora y funcionaria pública. Has mantenido también conversaciones difíciles con la policía y la iglesia. Has tenido además que generar muchas alianzas con diversas entidades. ¿Cómo logras que convivan todas esas posiciones en tu oficio?

(L.C): Combinar esas posiciones fue central para dirigir un archivo como este. Uno de los desafíos más importantes fue la escucha: recibíamos a personas que habían pasado por ese lugar, que venían a visitar lo que hoy es un sitio de memoria. Personas que necesitaban que el Estado reconociera lo que ellas habían dicho durante años sin que nadie las escuchara. Sostener ese espacio de escucha es muy agotador. En el equipo trabajaba una psicóloga, Carina Tumini, que no había sido contratada en ese rol, pero cuya mirada fue fundamental. Hay que pensar en los trabajadores, pues alguien viene, te cuenta su historia, el área de investigación le busca los documentos, los encuentra, y entonces no solo hay que devolvérselos, sino también explicarles su sentido: cómo y dónde fueron producidos, qué significaron, para qué pueden servir.

Desde el inicio tomamos decisiones que marcaron el carácter del archivo. La primera fue que, al estar en un edificio que había sido un centro clandestino de detención en pleno centro de Córdoba, sería un lugar de puertas abiertas —las arquitectas Camila Iglesias y Natalia Ferrero fueron clave para pensar esto— donde cualquier persona pudiera entrar sin que nadie le preguntara a qué iba. La segunda fue marcar el espacio público: todos los jueves colgábamos en las paredes de la catedral y de nuestro edificio las fotos de los desaparecidos en vinilo, para acompañar la ronda de las Madres y los Familiares en la plaza. Nos dijeron que estábamos dañando el patrimonio. Nosotros debatíamos con todo el mundo y hacíamos lo que creíamos correcto: ¿qué es patrimonio: una pared? Estas personas están desaparecidas.

También discutimos cómo homenajear a los desaparecidos. Decidimos no hacer una lista, porque en listas hacían los militares. En cambio, hicimos dos huellas dactilares enormes con los nombres de todos: una imagen que remite a la identidad, a lo que se archiva y clasifica —algo que tiene una historia policial— pero a la que quisimos disputarle el sentido. Debatimos también desde cuándo empezar, y decidimos hacerlo desde 1966, con el golpe de Juan Carlos Onganía.¹⁸ El gobierno nos cuestionó porque incluíamos desaparecidos durante el Peronismo y en democracia. Ahí el argumento histórico y científico fue clave, pues una cosa es discutir política, otra discutir datos.

(J.J): Es muy interesante porque el archivo abre las temporalidades. Ya no es solo el período comprendido entre 1976 y 1983, sino que se extiende hacia atrás, y también aparecen víctimas que rompen la idea de la memoria dominante: gitanos, homosexuales, comunistas.

(L.C): Exactamente. Y que otros grupos sociales, al reconocer la legitimidad de esa memoria, también se sienten legitimados para demandar las suyas. Los afrodescendientes, los indígenas, empezaron a preguntarle al archivo ¿y de nosotros, qué tienen? También llegaron los niños adoptados de manera ilegal. Una vez nos llamaron porque se estaba disolviendo un área del Estado relacionada con la adopción de niños y la directora dijo: van a tirar todo esto. Fuimos, lo llevamos al archivo, llamamos a una periodista. El impacto fue enorme y recibimos una cantidad de consultas que nos desbordó, pero pudimos responder. Hay muchos procesos de recuperación de identidad. Eso además generó el colectivo Hermanos del Alma. Para mí eso también es lo importante: dar respuesta a otros colectivos, no solo a las víctimas de la violación directa de derechos humanos ligados al terrorismo de Estado. Romper con la idea de que el archivo es un privilegio.

Para acompañar los juicios de lesa humanidad tuvimos también el proyecto Los Árboles de la Vida,¹⁹ cartografiamos toda la ciudad para ver dónde habían sido secuestradas las 250 víctimas de la megacausa de La Perla,²⁰ y en ese lugar plantamos un árbol con la foto del desaparecido y una chapa que decía: Asistir al juicio es un derecho, en este lugar fue secuestrado tal persona, en tal momento. Al principio era una iniciativa del archivo; después se amplió muchísimo, iban las familias, se tornó un ritual hermoso, viajaban de otros lugares de la provincia. Hicimos muchas cosas con un sentido activo de memoria viva, porque creo que el archivo es la historia, y cuando lo tornas activo se transforma en un elemento central de los procesos de memoria.

Descolonizar el archivo: praxis antes que teoría

(E.P): Hay un último tema que teníamos pendiente: el de la descolonización. ¿Cómo llegas a ese concepto? ¿Fue un recorrido teórico o surgió desde la práctica?

(L.C): Es resultado de mi praxis. No tengo todavía una reflexión más teórica sobre eso; fue la percepción, la mirada, el encuentro con muchos otros que demandan los documentos y no los tienen. Fui testigo de contexto en el juicio de los desaparecidos de Tumbaya,²¹ en Jujuy (Argentina), una comunidad indígena con seis desaparecidos que pertenecían al Partido Comunista, aunque lo comunitario era lo que estaba de fondo. En esa región, a fines del siglo XIX, otras comunidades habían sido tildadas de comunistas por reclamar sus tierras. Son memorias largas, que no se centran en períodos específicos de violencia, sino en esa violencia más extendida sobre los cuerpos y las comunidades. Y esas memorias largas son profundamente decoloniales.

Cuando fui testigo de contexto, el juez me dijo: ¿usted escribió un libro, no? Entonces no nos interesa lo que tenga para decir. Ahí está la tensión entre la oralidad y la escritura: somos sociedades letradas y el archivo es por excelencia el monumento a la escritura. Descolonizar el archivo significa poder permear esa idea con otros soportes como el cuerpo, la oralidad. Destruir el estampe, básicamente. Es la disputa con la justicia, que tiene el papel como prueba de verdad en el sentido más sagrado del término.

(J.J): Es interesante porque cuando leemos sobre descolonización de los archivos, casi siempre es una reflexión teórica que parte de arriba. Tú nos colocas en la sintonía de que esto surge de una intervención particular, del caso Tumbaya, de las mujeres afro en Córdoba.

(L.C): O del Colectivo Marrón, que está generando una ruptura muy interesante en Argentina ahora, disputando también las memorias dominantes. Para mí eso es lo más interesante de todo esto. Creo que la descolonización del archivo es algo que tenemos que pensar más teóricamente entre todos, pero a mí me llega desde la praxis, desde las comunidades que me van enseñando que las luchas no empezaron ni terminaron con la dictadura militar. Que hay memorias largas, violencias largas, que el archivo en sentido metafórico -el cuerpo, la oralidad, los objetos- es también un lugar donde esas memorias se guardan y se transmiten. Y que nuestro trabajo como académicos es también poder contribuir a esas comunidades, disputarle sentido a la justicia, y romper con la idea de que solo lo escrito es prueba de verdad.

Referencias

Catela, L. D. S. (2009). 40 años de la dictadura cívico militar 1. [Video en Youtube]. https://www.youtube.com/watch?v=xQL3PgPr9g4

Catela, L. D. S. (2025). Desaparecidos de Tumbaya: víctimas del terrorismo de estado 1976-1983. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades.

Didi-Huberman, G. (2004). Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto. Paidós.

Raggio, S. (2026). La experiencia del Programa Jóvenes y memoria. Boletín del Observatorio de Educación Superior, 3, 27-31. https://www.unla.edu.ar/documentos/observatorios/educacion-superior/Observatorio%20Educacion%20Superior%20UNLa%20Boletin3.pdf

Ricœur, P. (2003). La memoria, la historia, el olvido. Fondo de Cultura Económica.

Notas

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