La editorial Eduvim incorpora un nuevo volumen a su colección Calímaco, dedicada al estudio de la identidad, la historia y el porvenir de la bibliotecología desde una perspectiva interdisciplinaria que promueve el diálogo con las diversas disciplinas que integran el campo de las ciencias sociales. En esta oportunidad, Marcela Coria reconstruye una historia fundamental para el conocimiento de los procesos que configuraron el escenario bibliotecario argentino: atiende al despliegue de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (en adelante: la Comisión) en el período 1931-1949. Estructurada en función de una inquietud esencial relativa al papel que desempeñó el Estado nacional en un momento histórico signado por el crecimiento sostenido de bibliotecas y por el dinamismo que acompañó la temprana configuración del campo bibliotecario, su pesquisa inquiere por los modos en que la Comisión pensó, diseñó y actualizó el artefacto impulsado a instancias de Domingo Faustino Sarmiento hacia 1870 con el propósito de extenderlo y arraigarlo en todo el territorio de la República Argentina.

El recorrido heurístico se dispone en torno a la noción clave de “políticas bibliotecarias de lectura”, entendida por Coria como el conjunto de intervenciones de pretensión lectora implementadas por la Comisión. Esto es, la serie de orientaciones, decisiones y acciones que tuvieron como fin primario hacer de las bibliotecas espacios que fortalecieran y expandieran la práctica lectora entre sectores amplios de la sociedad, de manera complementaria a lo que se esperaba de los establecimientos educativos formales, pero bajo una dinámica que no contemplaba ni la concurrencia obligatoria ni la sujeción a un currículo predeterminado. Cinco dimensiones ofician de matriz analítica para hacer viable este estudio: la estructura institucional de funcionamiento de la Comisión; el aparato comunicativo que supo orquestar; el monitoreo estadístico sobre el progreso bibliotecario nacional; el discurso sobre la lectura y los lectores impulsado por la Comisión y, por último, sus contribuciones a la profesionalización e institucionalización de las prácticas bibliotecarias a nivel nacional. En el examen de esos elementos, el trabajo avanza desde un interés que considera tanto el horizonte de aspiraciones programáticas del proyecto, como las condiciones materiales que delimitaron un campo de posibilidades, y los esquemas de intervención que dieron forma a las concreciones efectivas.

Tras la derogación, en 1876, de la Ley 419 que encomendaba a una Comisión de alcance nacional la protección y el fomento de las bibliotecas populares, el cambio de siglo dio paso a una nueva etapa en la histórica relación entre Estado y sociedad civil, forjada al amparo de la política sarmientina. En 1908 se decretó la restitución de la Comisión que, a partir de 1911, fue reincorporada al presupuesto general y pudo emprender unas primeras acciones orientadas al enriquecimiento bibliográfico de las instituciones comprendidas en su ámbito de acción. Con sustento en los avances alcanzados y en la arquitectura de funcionamiento consolidada a lo largo de dos décadas, Coria reconoce en la etapa abierta hacia 1930 el inicio de un proceso de renovada efervescencia. Aun cuando existieron matices que diferenciaron sus gestiones —y a pesar de los interregnos de intervención militar que alteraron el curso regular de actividades—, las presidencias de Juan Pablo Echagüe (1931-1944) y de Carlos Alberto Obligado (1944-1949) convergieron en la articulación de un mismo programa, caracterizado por una sucesión de innovaciones y concreciones de importancia. En su formulación ideal, ambos directivos procuraron que la Comisión consolidara una imagen de referente y regulador nacional. Al tiempo que buscaron expandir la visibilidad y el horizonte de actuación del organismo, se propusieron, a través suyo, incrementar la presencia territorial de las bibliotecas populares, impulsar el crecimiento y la diversificación del lectorado e intervenir en el diseño de una didáctica de biblioteca diferencial para cada grupo lector.

A lo largo de los casi veinte años comprendidos por estas administraciones, existió un empeño sostenido por organizar el trabajo de las bibliotecas y los bibliotecarios argentinos. En este sentido, se procuró, por un lado, conferir a la Comisión un papel central en la definición y difusión de saberes bibliotecarios elementales que favorecieran la profesionalización de las prácticas laborales; por otro, constituirla en una instancia capaz de monitorear y evaluar el desenvolvimiento y los progresos de las bibliotecas a lo largo de todo el territorio nacional. Para su instrumentación, el programa se sustentaba en una trama de concepciones prescriptivas acerca de los lectores, las lecturas y los bibliotecarios ideales. Los públicos destinatarios aludidos con especial énfasis fueron niños y trabajadores. Para los responsables de la Comisión, las bibliotecas populares eran espacios complementarios de las escuelas, donde los menores se formaban como ciudadanos responsables, si bien en un ambiente que hacía lugar al ocio, a la lectura de entretenimiento y a dinámicas de aprendizaje informal diferenciadas incluso de las que podía promover una biblioteca escolar. Asimismo, las concebían como entornos destinados a un trabajador modélico al cual se debía acompañar en la formación de un hábito lector productivo, y a quien, entonces, correspondía facilitar el acceso a lecturas que enriquecieran su moral y su espíritu, del mismo modo que a textos que favorecieran su cualificación y especialización técnica. A estos efectos, las colecciones deseadas se proyectaban desde una perspectiva que ponderaba, en particular, el carácter enciclopédico, utilitario y nacionalista de las obras. La pretensión fue propiciar el desarrollo de acervos donde se reunieran los textos más notables de la literatura nacional, clásica y contemporánea, lecturas capaces de respaldar una formación de carácter general, enciclopedias y otras fuentes de información factual, obras de divulgación científico-técnica y, entre otros, textos de educación cívica y ciudadana. Finalmente, para hacer efectivo el encuentro entre lectores y lecturas, desde la Comisión se realzó el rol de un bibliotecario o bibliotecaria que, necesariamente, oficiara como guía y orquestador integral del circuito de trabajo requerido. En el pasaje de la idea de “empleado de biblioteca”, a la de “bibliotecario”, asignaron a esta figura la función social de difundir la lectura, pero también la de especialista en el manejo de las mejores prácticas para la administración de un caudal informativo creciente.

Como demuestra Coria, en ese marco de expectativas, fueron las circunstancias materiales aquellas que delinearon un modelo concreto de intervención y realización. La Comisión dispuso de los fondos pecuniarios asignados por la Ley 419 y de subsidios otorgados por el Congreso Nacional, que en ambos casos se distribuían entre el sostén de su propia burocracia administrativa y el acompañamiento a las bibliotecas populares. Los recursos alcanzaban para garantizar una pauta de funcionamiento estable al interior del organismo y para costear parcialmente gastos corrientes de las instituciones bajo su tutela, tales como servicios públicos, conservación de los impresos, compras bibliográficas, alquileres, sueldos, etcétera. Con todo, la inestabilidad e insuficiencia de recursos en relación a los costos regulares a solventar, no permitían una cobertura nacional de las necesidades ordinarias para la debida protección y fomento de las bibliotecas populares. Existieron inconvenientes para acceder territorialmente a toda la nación, dificultades para hacer un seguimiento riguroso y constante del estado de evolución en las asociaciones, los envíos de remesas bibliográficas fueron de volumen modesto y, junto a otras limitaciones, las aspiraciones de promover la especialización de las prácticas bibliotecarias contrastaron con la realidad cotidiana de trabajadores precarizados cuyas jornadas se consumían en la atención de una panoplia de tareas prácticas y urgentes.

En términos esquemáticos, las acciones más enérgicas de la Comisión estuvieron concentradas en la estructuración de un dispositivo de comunicación e intervención de amplio impacto que le permitiera adquirir protagonismo como ente de referencia nacional, y también en el monitoreo del progreso bibliotecario en todas las provincias argentinas. En el período estudiado por Coria, el trabajo de la Comisión fue coordinado y se dio a conocer a través de dos destacadas publicaciones periódicas, además de un novedoso programa radial. El Boletín de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (1933-1947), y posteriormente la Revista de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (1948-1949), fueron los órganos de gestión y comunicación por excelencia. Ante la imposibilidad de presencia física en territorio, sus miembros se valieron de estos instrumentos para construir y esparcir un discurso oficial sobre la lectura, para conocer y comunicar el estado de situación de las bibliotecas populares bajo su tutela, y para articular una serie de iniciativas que buscaron precisar saberes teóricos y prácticos esenciales para modernizar los espacios bibliotecarios según las más recientes discusiones de un campo disciplinar en incipiente formación. Vinculado a esto último, la Comisión también tomó parte activa en el Congreso Nacional de Bibliotecarios de 1942; editó algunas publicaciones monográficas con indicaciones recomendadas para la catalogación y clasificación librarias; e inauguró una Biblioteca del Bibliotecario pensada como apoyo para los estudiantes de las primeras escuelas de bibliotecarios del país.

A manera de correlato de este movimiento bibliotecario impulsado “desde arriba” por la Comisión, y gracias al relevamiento estadístico que —no sin dificultades y falencias— pudo realizar, se sabe que entre 1931 y 1949 las bibliotecas populares argentinas experimentaron un crecimiento y una diversificación constantes, con lógicas centralizaciones en Buenos Aires y sus alrededores. La cantidad total de bibliotecas creció de manera gradual, pero sostenida, contándose 140 creadas en tiempos de Echagüe y otras 55 bajo la presidencia de Obligado. En igual medida crecieron los fondos bibliográficos, aunque no lo hicieron estrictamente en función del ideal imaginado: Coria observa un predominio notable de obras literarias mayormente escritas por autores locales y de impronta nacionalista, que contrastaba con la representación más acotada de las producciones utilitarias igualmente recomendadas para una sociedad civil ocupada en actividades manuales y productivas. En cuanto a los lectores, que respondieron en su condición al modelo proyectado, y entre quienes se advirtió asimismo la presencia corriente y en ascenso de niños y mujeres, su aumento estuvo cercano al 900% durante el período. Pero no solo las bibliotecas fueron protagonistas de un proceso de revitalización; este también alcanzó a la profesión en sus dimensiones más esenciales. Como requisito ineludible para el adelanto bibliotecario pretendido, la Comisión comprendió que se debía impulsar la discusión y especificación de saberes teóricos y prácticos: contribuyó, entonces, al diálogo entre pares, a la divulgación de directrices técnicas, a la expansión de la enseñanza bibliotecaria y, con todo ello, a la efectiva profesionalización del trabajo en bibliotecas y a la incipiente organización de un campo bibliotecario nacional cuyos cimientos todavía permanecen vigentes.

Bibliotecas populares desde arriba... es, así, la reconstrucción y la crónica de una teoría y una pragmática estatales que hicieron de la lectura y de los lectores, su objeto, y de las bibliotecas y de los bibliotecarios, su instrumento. Es la historia de una comisión nacional que pensó cómo, con los recursos al alcance, ordenar una política bibliotecaria de fomento a la lectura, y que al hacerlo observó igualmente la necesidad de racionalizar las prácticas cotidianas de trabajo. Es la historia de un organismo que formuló, proyectó y ejecutó políticas con resultados evidentes sobre un paisaje bibliotecario zigzagueante: participó en el incremento nominal de bibliotecas, lectores y lecturas, a la vez que promovió la novedosa definición de saberes profesionales con perspectiva nacional. Es, por fin, la narración de un pasado que ofrece explicaciones inéditas al qué y al cómo de las bibliotecas y de la bibliotecología en un momento decisivo de su derrotero histórico en la Argentina.