Notas para el debate

La referencia especializada en las bibliotecas universitarias de Argentina en un contexto de regresión de derechos

El chasquido del látigo sólo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los

cobardes. La única actitud silenciosa, que cabe en un instituto de ciencia es la del que

escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla.

Manifiesto liminar (Roca, 21 de junio de 1918).

1. Reflexión sobre el contexto salarial universitario

El 10 de diciembre de 2023 asumió el gobierno nacional La Libertad Avanza (LLA), encabezada por Javier Gerardo Milei. Al momento de escribir esta nota, una serie de medidas tomadas por el presidente han puesto en jaque principios y derechos que, como sociedad, se dieron por garantizados durante años: el derecho a la educación gratuita, abierta, laica y pública; así como el del acceso a la información. La problematización de estas amenazas es el disparador para el desarrollo de este trabajo.

Es importante reconocer que los problemas presupuestarios no son nuevos para las universidades públicas argentinas. Sobre el asunto cabe consignar que hubo, y hay, discusiones respecto de los presupuestos universitarios, los modelos a implementar para solventarlos o su cumplimiento. Consideraciones como las de Pérez Rojas (2001), que evaluó modelos de financiamiento universitario en América Latina y la incomodidad que existió en el proceso de adaptación de los finalmente implementados, o las reflexiones de Gorgone (2005) sobre el contrato que las universidades suscriben con las sociedades que las financian con fondos públicos y la responsabilidad de cumplir objetivos que le sean funcionales a ambas partes. Sin embargo los debates actuales tienen otro tono y espacio de discusión.

La crisis presupuestaria del sistema universitario nacional actual fue reconocida por la sociedad y se buscó una solución por la vía legal mediante la ley de financiamiento universitario N.° 27.795.¹ La norma se aprobó en dos ocasiones por el Congreso Nacional, ya que la primera vez fue vetada por el presidente. De todas formas, el veto fue nulificado y por tanto la reglamentación está vigente, pero el Poder Ejecutivo (cuya tarea en una república es la de ejecutar las leyes, no discutirlas) dictaminó que no pudo implementarse, y argumentó —entre otras cosas— que no se listan las fuentes de financiamiento para su ejecución.

Durante el primer semestre del 2026, el gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa los intereses de docentes y no docentes de las universidades nacionales en este conflicto, llegaron a un acuerdo de aumento salarial en dos partes: el 21% a cobrar en julio y un 3% pagadero en septiembre de este mismo año. A su vez, se acordó reabrir las paritarias cada 3 meses. Estos valores van muy por debajo de lo que la Ley exige y, a pesar de este acuerdo, el reclamo de las universidades llegó a la Corte Suprema de Justicia, que pocos días después dictaminó, nuevamente, que el gobierno debía atenerse a lo que la legislación estipula. Con las instancias de apelación agotadas, el Ejecutivo decidió seguir dilatando el cumplimiento, alegando que el acuerdo, previamente establecido, era una forma de cumplir periódicamente con la norma.

Al día de hoy, el conflicto no está saldado.

El informe sobre la evolución salarial, inflación y paritaria del Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria (2026) explica concretamente que el salario docente universitario, desde diciembre de 2023 a marzo 2026, alcanza para adquirir un 32,80 % menos bienes y servicios. Esto solo sirve para ejemplificar una de las patas del sistema universitario, porque se deben tener en cuenta también los salarios no docentes, que se hallan en una situación similar.

Por tanto, se encuentra un problema constitucional y social. Constitucional, porque sin importar la ideología partidaria que se ostente una vez cumplidos y agotados los canales legales e institucionales las leyes deben respetarse, pero, de nuevo, se presenta un caso de contratos sociopolíticos que no estaban tan asegurados. Social, porque hay un sector de la sociedad que reclama una situación de carencia y cuya función es, fue y será de relevancia para el desarrollo del país. Rincón et al. (2022) reiteran sobre el punto: sin educación no hay desarrollo tecnológico y científico, no se generan emprendedores y por lo tanto, no hay progreso nacional.

Dado que este trabajo es una nota para el debate, se permite la siguiente reflexión: lejos está el sistema universitario nacional de ser perfecto, y sería poco honesto afirmar lo contrario. Es importante que, como Gorgone (2005) deja entrever, las instituciones que cuentan con financiamiento público sean transparentes y den explicaciones respecto a la distribución de estos fondos. Actualmente esto se ha vuelto a colocar en la discusión pública como consecuencia de los muchos cuestionamientos a la educación pública, abierta, gratuita y de calidad por parte de un sector de la sociedad, principalmente embanderado con LLA. Como dice el viejo adagio, las mejores mentiras son las que tienen algún sustento en lo real, pero los poderes de turno lo retuercen hasta ser irreconocible. La universidad nacional gratuita, pública, laica y reformista tiene sus errores y sus aristas que pueden ser pulidas. Cualquiera que la reivindique sinceramente es capaz de admitir esto. Estos errores no constituyen razón suficiente para ignorar los muchos logros que obtuvo a lo largo de su existencia. Lo que sí es innegable es que en el imaginario social, la universidad es de las pocas instituciones argentinas que tienen una legitimidad ganada y el apoyo social en consecuencia.

Además, habría que exigir a los feroces críticos de nuestras casas de estudio que alzaron sus voces principalmente desde el Poder Ejecutivo de la Nación, así como los sectores de la población que los apoyan, que se sugieran las medidas o las herramientas para mejorar de forma acorde y no poner a todo el sistema en jaque, insultar a todo el personal, o ponerlos en una situación imposible bajo la guisa de una institucionalidad cuanto menos teñida de mala fe, como efectivamente ocurrió.

Así, este es un momento de reflexión, porque la carencia de financiamiento también está sostenida por argumentos que se basan en datos reales, que puedan ser empleados de forma descontextualizada y/o maliciosa. A pesar de lo señalado, la universidad pública es una institución que a lo largo de su historia demuestra su calidad, su compromiso social, su búsqueda por la verdad científica y su papel como formadora de profesionales de excelencia.

El poder judicial desmanteló en dos instancias los argumentos del poder ejecutivo para no cumplir con la ley. A su vez, quedó demostrado con diferentes estadísticas y proyecciones que la implementación de la ley de financiamiento universitario, como está planteada, no resulta en ningún agujero presupuestario.²También se han desmentido las acusaciones realizadas, como, por ejemplo, la falta de auditorías de las universidades públicas. Aun así, los mandatarios de turno hacen oídos sordos al reclamo social, por lo que es indudable que hay una voluntad política de ahogar financieramente al sistema universitario nacional.

2. Bibliotecas universitarias y sus referencistas

Las universidades nacionales del sistema superior de educación argentino son muchas y diversas. El CIN enumera en su página oficial casi 70 distribuidas por todo el territorio nacional, incluyendo institutos universitarios. Por la misma naturaleza de estas casas de altos estudios, la inclusión de bibliotecas en su entramado institucional es necesaria. Las susodichas toman diferentes formas, desde bibliotecas centrales hasta bibliotecas por facultad o escuela, su existencia se adapta a las necesidades y al tamaño de cada universidad.

Las bibliotecas de las universidades nacionales son atendidas por bibliotecarios que, en su amplia mayoría, forman parte del claustro “no docente”. Esta caracterización, a pesar de que busca aunar a todos los trabajadores de las mencionadas instituciones que no pertenecen al claustro docente, no es útil para definir las especificidades de las tareas que realizan sus integrantes.

Después de todo, como detalla Astorga (2018): “(...) (los no docentes son) personal de apoyo académico o codocentes, en su respectiva situación de revista y agrupamiento (administrativo, mantenimiento, producción y servicio general, técnico-profesional y asistencial –de acuerdo con el Decreto 366/2006 PEN)”. En otras palabras, todas las tareas ajenas a la docencia, pero que las diferentes facultades requieran, son atendidas por el personal no docente. El claustro está reglamentado por estatutos pertenecientes a cada universidad y por el convenio colectivo de trabajo para no docentes universitarios (Decreto 366/2006), documentos que funcionan de forma tal que regularizan y normalizan los derechos, tareas, licencias y responsabilidades de sus miembros.

Ahora bien, ¿qué papel cumplen los bibliotecarios referencistas? En este contexto, son no docentes que dentro de las instituciones bibliotecarias (o de investigación) de cada facultad desempeñan el rol de, por un lado, entender, gestionar y organizar las necesidades de información de los usuarios especializados, y por el otro, planificar, buscar y vincular los productos informacionales con quienes los requieren. Dicho de otra manera, los referencistas especializados son los bibliotecarios que caminan al lado de los investigadores, brindando puntos de apoyo a lo largo de cada recorrido de investigación científica.

En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), los servicios de referencia de cada unidad de información atienden tareas generales y especializadas y su conformación profesional es diversa, con bibliotecarios que poseen distintos niveles de formación. En muchos casos estas bibliotecas no disponen de una sección de referencia dedicada, pero sí con profesionales que se desempeñan en estas tareas. Es importante recalcar que cada facultad cuenta no solo con el personal docente o los usuarios estudiantes de grado, posgrado, etc., sino que además suelen tener relación con centros de investigación de múltiples dependencias institucionales. En ellos trabajan investigadores cuyas necesidades de información también recaen sobre los servicios bibliotecarios correspondientes.

Este complejo panorama requiere una ampliación de la mirada sobre el servicio de referencia, y por lo tanto se deben implementar nuevas estrategias y acciones, como bien sugiere Merlo Vega (2024). Entre las que el autor menciona, se destacan aquellas relacionadas con la formación académica en la búsqueda de información y con la tutoría y concientización alrededor de la circulación de la producción científica.

El caso testigo que se toma para el desarrollo de esta nota es la Biblioteca (BIBHUMA) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la ya mencionada UNLP. Como explica Quinteros (2024, p. 3):

Su biblioteca, [Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación] BIBHUMA es una institución especializada dedicada a satisfacer las necesidades de información de un público usuario particular: el personal universitario con formación en ciencias humanas y sociales. Estas disciplinas son diversas. Muestra de esto es que la Facultad está dividida en diez departamentos docentes con sus respectivas carreras (...).

La división de referencia de BIBHUMA sostuvo (y sostiene), año a año, un aumento de los vínculos con su comunidad usuaria al atender cantidad y calidad de solicitudes de información; desarrollo y ejecución de talleres de formación; acompañamiento y asesoramiento académico e implementación de nuevas estrategias en dichas líneas. Este vínculo se basa en la confianza, en relación a que la información provista es íntegra y que en caso de que los resultados no sean satisfactorios, los investigadores se llevan consigo una respuesta o un posterior seguimiento de sus respectivas investigaciones.

No es de sorprender que el servicio más solicitado sea el primeramente nombrado: la búsqueda de información, porque como señala Anglada (2019), la sobreabundancia de posibilidades de acceso a la información no significa necesariamente que se logre obtener lo que se busca. Es más, se argumenta que el aumento de canales para acceder contribuye a la confusión y a la intoxicación de información.

Las búsquedas son realizadas en todo el espacio web y abarcan varios recursos, de los cuales se mencionan algunos con fines demostrativos:

1. - Catálogos de Bibliotecas: Biblioteca Pública de la UNLP, Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Córdoba, Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires, Biblioteca Nacional Mariano Moreno, entre otros.

2. - Repositorios digitales y cosechadores: Memoria Académica, Sistema Nacional de Repositorios Digitales, Servicio de Difusión de la Creación Intelectual, La Referencia, CORE, entre otros.

3. - Bases de datos: Redalyc, Scielo, Dialnet, entre otras.³

La política del servicio es clara: las necesidades de información deben ser satisfechas dentro de las posibilidades de la institución. Los índices de satisfacción del usuario son altos en BIBHUMA respecto al uso del servicio, pero esto —como se verá a continuación— trae consigo una serie de desafíos acentuados por el contexto socioeconómico y político explicado con anterioridad.

3. La disyuntiva: los referencistas como garantes del derecho al acceso a la información

El acceso a la información (sea científica o de otra índole) es un derecho consagrado nacional e internacionalmente, y es en ese marco legal en el cual operan las instituciones oficiales nacionales, como la FaHCE-UNLP. A su vez, se entiende que el derecho a la propiedad intelectual también lo es y que estos dos derechos entran en conflicto constante. El mismo se origina en el hecho de que los productos intelectuales de los científicos de todo el mundo son de su autoría y que en la mayoría de los casos esa autoría deviene en la generación de derechos patrimoniales, es decir, derecho a obtener un rédito monetario por la producción científica.

Las dinámicas de publicación y edición de los artículos científicos exceden a esta nota, pero es de común conocimiento que la mayoría de la ciencia mundial publica a través de grupos editoriales que capitalizan y canalizan los derechos patrimoniales previamente mencionados. Las mediciones son diversas, pero investigadores como Boudry et al. (2019) calcularon que el número de artículos científicos cuyo acceso está impedido por barreras monetarias fluctúa en el mundo entre el 50% y el 75%. Si bien el movimiento de acceso abierto ha logrado grandes avances en la concientización respecto a este tema (Phelan, 2026), lejos está de llegar a su objetivo de que la ciencia se encuentre al alcance de todos y cuya única barrera sea el poseer acceso a internet.

Esta situación, que parece una encrucijada permanente, no es ajena a la comunidad bibliotecaria de la UNLP, incluyendo a sus estudiantes (Aracri & Fernández, 2025), e involucra a la tarea de los referencistas de forma directa, porque los pone en la posición de tomar decisiones que requieren introspección ética y profesional.

En la UNLP, como en todas las universidades nacionales del país, se contó desde el 2002 al 2023 con la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (BECyT) del Ministerio de Ciencia y Tecnología.⁴ Esta plataforma permitió a los usuarios autorizados —todos vinculados de una forma u otra a alguna institución del circuito educativo superior y estatal— acceder a bases de datos extranjeras y pagas que eran (y son) extremadamente costosas para que los presupuestos de las universidades, institutos de investigación y/o laboratorios costearan de forma individual.

Los bibliotecarios referencistas de la UNLP, y por lo tanto los de la FaHCE, encontraron en la BECyT un recurso invaluable y, sobre todo, legal, puesto que la suscripción a la misma estaba negociada con los grupos editoriales dueños de bases de datos o recursos informacionales donde se aloja parte de la información científica o técnica significativa para el público usuario relevante.

Es importante destacar que no toda necesidad de información era satisfecha mediante este medio, pero durante años la BECyT funcionó como una suerte de sostén, un recurso que generaba tranquilidad y garantía de acceso sin romper barreras legales. Esto cambió a partir del año 2024, ya que la herramienta también fue víctima de la reducción presupuestaria a la educación, la ciencia y la tecnología llevada a cabo por el gobierno de la LLA. En resumen, la cantidad de material disponible mediante la BECyT se vio reducida drásticamente y quedó desactualizada.

Entonces, de nuevo, la disyuntiva: en un panorama donde los referencistas deben garantizar el derecho al acceso a la información, cuidar de la integridad legal de sus instituciones y usuarios, pero a la vez ven reducidos los métodos legales de acceso… ¿qué hacer?

Conclusiones para el debate

En este trabajo (que lejos está de querer hacer filosofía) se argumenta que para solucionar la disyuntiva planteada es necesario que cada bibliotecario que hace referencia se posicione éticamente frente al hecho de asegurar el derecho al acceso a la información de los usuarios. En Argentina esta garantía fue, históricamente, difícil de realizar, pero nunca tanto como en el contexto actual, nacional e internacional.

En el plano nacional, por lo ya explicado: una política de desfinanciación del ámbito educativo y científico; en el contexto internacional, debido a prácticas editoriales de publicación y de acceso que son francamente hostiles para con autores y lectores por igual. A esto se le suma el advenimiento de tecnologías como las llamadas “inteligencias artificiales” que hacen que hasta los recursos de información abiertos, legales y gratuitos sean de difícil acceso (SciELO-México, 2026).

En este escenario otros medios de acceso, como la llamada “biblioteca en las sombras” o “la vía negra” del acceso abierto (Monti & Unzurrunzaga, 2021) se han vuelto quehaceres comunes por necesidad. La “piratería” en la web no es nueva para los referencistas, pero las buenas prácticas institucionales llevaron a que poco se hable al respecto, relegando el acto a un “último recurso”. Sin embargo, los repertorios para acceder ilegalmente a la información científica, artística, técnica, literaria, etc. no han hecho otra cosa que multiplicarse: Sci hub, Library Genesis, Scribd, Annas Archive, Memory of the World, Lectulandia, etc.

Esto sin contar con el hecho de que existen opciones para fomentar la actividad de la biblioteca en las sombras mediante sitios web accesibles para todo el mundo, como las redes sociales académicas tales como Research Gate o Academia.edu, entre otras, en donde autores y bibliotecarios intercambian papers o trabajos que de otra forma no podrían circular.

Los recursos antes mencionados son conocidos, en primer lugar, por los profesionales de la información, y en segundo lugar, por sus usuarios. Incluso cuando estos últimos los conocen, se argumenta que no saben cómo hacer uso de los mismos, ya sea por resquemor, prejuicio o falta de alfabetización informacional.

Entonces: ¿los referencistas se han convertido en una suerte de “corsarios” informacionales? Está claro que por necesidad hacen uso de recursos ilegales para satisfacer el derecho al acceso a la información de los usuarios, y por tanto no es en beneficio propio. También resulta evidente que los usuarios se sienten satisfechos por el hecho de que pueden confiar en la institución para otorgarles la información deseada mediante este servicio, independientemente de si son conscientes o no de cómo se obtuvo la información.

Sin embargo la “mancha” de la ilegalidad persiste.

Este trabajo no es un llamado a que los referencistas se conviertan en “corsarios digitales”, porque ante todo es fundamental reconocer que existen posturas ante esta disyuntiva que pueden ser contrarias, y en todos los casos válidas, ya que se tratan de posiciones éticas, y las decisiones de esta naturaleza son individuales (sean avaladas o no por las instituciones que correspondan).

Lo que este escrito sí pretende es contribuir a visibilizar un trabajo que se realiza para promover el derecho a la información, y que ese derecho está afectado desde diferentes ángulos. Además, procura abrir la discusión científica y académica sobre un quehacer invisibilizado o tímidamente mencionado, y que en la mayoría de los casos le es funcional a personas que no pueden acceder de ninguna forma a la información que necesitan, y que en esa realidad ven vulnerados sus derechos.

Sea cual fuere la dirección a donde conduzca el debate, está claro que las políticas de ajuste al sistema científico nacional, en combinación con un ambiente internacional hostil para el desempeño de la tarea de la investigación, conducen a una realidad en la cual la referencia, junto a otras actividades del estilo, se ve directamente afectada. Esto desemboca en la proliferación de prácticas que tensionan la búsqueda de garantizar el derecho al acceso a la información con las dimensiones legales respecto a las formas en las que se lleva a cabo.

Es, entonces, importante el cuestionarse y reflexionar respecto a las formas en las que los profesionales de la información en general, y los referencistas en particular, trabajan para volver al estado de derecho a pesar de que el contexto social, político y económico sea contradictorio y difícil de navegar.

Referencias

Anglada, L. M. (2019). Muchos cambios y algunas certezas para las bibliotecas de investigación, especializadas y centros de documentación. El profesional de la información, 28(1), e280113. https://doi.org/10.3145/epi.2019.ene.13

Aracri, A. & Fernández, C. (2025) La mirada de lxs estudiantes: la tríada participación, ciencia y soberanía. Acceso Abierto. https://accesoabierto.fahce.unlp.edu.ar/entradas/la-mirada-de-lxs-estudiantes-la-triada-participacion-ciencia-y-soberania

Argentina. Poder Ejecutivo Nacional. (2006). Decreto 366/2006. Homológase el Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales. Boletín Oficial de la República Argentina, 5 de abril de 2006.

Astorga, S. (2018). Desafíos de la capacitación del personal no-docente en el sistema universitario argentino. Integración y conocimiento, 7(2), 169-172. https://doi.org/10.61203/2347-0658.v7.n2.21931

Boudry, C., Alvarez-Muñoz, P., Arencibia-Jorge, R., Ayena, D., Brouwer, N. J., Chaudhuri, Z., Chawner, B., Epee, E., Erraïs, K., Fotouhi, A., Gharaibeh, A. M., Hassanein, D. H., Herwig-Carl, M. C., Howard, K., Kaimbo, D. K. W., Laughrea, P., Lopez, F. A., Machin-Mastromatteo, J. D., Malerbi, F. K., . . . Mouriaux, F. (2019). Worldwide inequality in access to full text scientific articles: the example of ophthalmology. PeerJ, 7, e7850. https://doi.org/10.7717/peerj.7850

CORE. Connecting Repositories (2026). https://core.ac.uk/

Del Bianco, C. (2026). La Ley de Financiamiento Universitario y los argumentos “poco serios” del Gobierno. Página|12. https://www.pagina12.com.ar/2026/04/01/la-ley-de-financiamiento-universitario-y-los-argumentos-poco-serios-del-gobierno/

Gorgone, H. R. (2005). Autonomía y financiamiento universitario. En M. H. Efrón & R. I. Vega (Comps.). Aportes al debate sobre la gestión universitaria II (pp. 257-262). De los Cuatro Vientos.

Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria. (2026). Informe sobre evolución salarial, inflación y paritaria. Universidad Pedagógica Nacional.

Merlo Vega, J. A. (2024). Servicios bibliotecarios especializados en investigación: competencias, modalidades y catálogo de servicios. Revista española de documentación científica, 47(4), e401. https://doi.org/10.3989/redc.2024.4.1639

Monti, C. & Unzurrunzaga, C. (12-13 de agosto de 2021). La vía negra del Acceso Abierto en debate: investigaciones y reflexiones del uso de Sci-Hub. En VI Jornadas de Intercambio y Reflexión acerca de la Investigación en Bibliotecología, La Plata, Argentina. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.14291/ev.14291.pdf

Pedrogreco. (2026). Sí hay plata. Revista Anfibia. https://www.revistaanfibia.com/si-hay-plata-ley-de-financiamiento-universitario/

Pérez Rojas, M. (2001). El financiamiento universitario. Consideraciones generales y tendencias actuales. Revista de la ASAP, (37), 109-142.

Phelan, M. (2026). Public access’s next frontier. Science, 391(6784), 522-524. https://doi.org/10.1126/science.aef7772

Quinteros, F. (2024). Servicios de referencia como herramientas anti crisis: el caso de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (BIBHUMA) entre los años 2019 y 2022. Palabra clave (La Plata), 14(1), e237. https://doi.org/10.24215/18539912e237

Rincón, I. B., Rengifo, R., Hernández, C. & Prada, R. (2022). Educación, innovación, emprendimiento, crecimiento y desarrollo en América Latina. Revista de ciencias sociales, 28(3), 110-128. https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38454

Roca, D. (1918). La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica [Manifiesto Liminar].

SciELO México (2026). ¿Has demostrado hoy que eres humano? Los bots invasivos de la IA saturan a las bibliotecas digitales y ahuyentan a los humanos. Boletín SciELO-México. https://boletinscielomx.blogspot.com/2026/04/has-demostrado-hoy-que-eres-humano-los.html?spref=tw

Notas

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional