Artículos de temática libre

El Instituto Mexicano del Libro y el gremio editorial nacional (1947-1953)

1. Introducción

Las décadas de 1940 y 1950 significaron una coyuntura fundamental para la producción del libro en países hispanohablantes. La industria editorial argentina atravesaba por lo que José Luis de Diego (2014) ha denominado como la “época de oro”, debido a que existió un proceso de expansión tanto en el número de libros como en el volumen del tiraje de estos, además de la consolidación de diversos sellos emblemáticos del país, como Losada, Sudamericana y Emece. Por su parte, la industria española, apoyada por el régimen de Francisco Franco, comenzaba a recuperarse de la debacle que significó la Guerra Civil. Después de un periodo de autarquía que caracterizó a la década de 1940, en donde la relación entre edición y Estado fue sumamente estrecha, la década de 1950 representó un mayor dinamismo en la industria española y un paulatino aumento de su presencia en el exterior (Martínez Martín, 2015). En el caso de la producción impresa mexicana, esta empezaba a despuntar. La llegada de exiliados españoles, sumado al papel del Estado mexicano en la promoción de la producción del libro y a las transformaciones experimentadas en los modelos de producción, aumentó la cantidad de obras y el volumen de los tirajes producidos anualmente (González Moreno 2007; Herrera Zamorano, 2014; Peñalosa, 1956; Zaid, 1959).

Estos escenarios hicieron que, al interior de las industrias, comenzaran a emerger organizaciones gremiales cuyo propósito era agrupar y representar los intereses de los diversos actores del campo editorial de cada país. Autores, editores, agentes distribuidores, libreros, entre otros, dieron origen a estos organismos, cuya existencia cumplía la función de tratar de construir frentes y acciones comunes de cara a problemáticas, proyectos de ley y medidas que afectaran la producción, distribución y comercialización del libro dentro de las lógicas de cada nación. Instancias como la Cámara Argentina del Libro (CAL) o la Sociedad Argentina de Editores (SAE) para el país sudamericano (Giuliani, 2018), o el Instituto Nacional del Libro Español (INLE) en el caso de España (Rodrigo Echalecu, 2015), son solo algunos ejemplos de los esfuerzos gremiales por consolidar el empuje industrializador de estos años.

El Instituto Mexicano del Libro (IML) fue el organismo gremial que agrupó a algunos de los actores más prominentes del campo editorial nacional. Creado en 1947 a partir de la convergencia de corporaciones previas como la Asociación Mexicana de Editores y Libreros y la Cámara Mexicana del Libro, tuvo como propósito establecer conexiones entre las instancias estatales y los editores del país. Esto se dio con el objetivo de facilitar la resolución de conflictos y problemáticas del gremio. Dentro de sus filas reunió a editoriales como Porrúa, UTEHA, Atlante, Hermes, Patria, Fondo de Cultura Económica (FCE), Cuadernos Americanos, Aguilar, Jus, Espasa-Calpe México, EDIAPSA, Botas, entre otras.

Por ello, el presente artículo tiene como propósito ahondar en la organización y las actividades que desarrolló el IML entre 1947 y 1954. A partir de documentación inédita recuperada del Fondo Jesús Reyes Heroles del Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México (AHCEHM) —que corresponde al lapso en que Reyes Heroles fungió como secretario de la institución (1947-1953)—, este trabajo busca profundizar en cómo el IML promovió un proyecto de modernización de la industria editorial mexicana, donde la relación con el Estado mexicano resultaba elemental.

A partir del análisis de la estructura legal del organismo, los actores que predominaron y la forma en que se congeniaron intereses y problemáticas al interior del campo editorial mexicano, se busca entender la vinculación que existió entre las editoriales y el Estado mexicano a través de esta organización y el peso que ésta tuvo en el ecosistema del libro de la época, sobre todo en la defensa del libro mexicano en los mercados exteriores. A su vez, se busca mostrar cómo la instancia gremial priorizó ciertas voces y marginó otras, con el propósito de resaltar ciertas necesidades y problemáticas en la relación que se tejió con la estructura gubernamental mexicana.

La documentación disponible en el Fondo Jesús Reyes Heroles es de naturaleza institucional, pues sirve como un registro interno del funcionamiento cotidiano del organismo. Para el caso de este trabajo, se prioriza el análisis de los informes, las actas de reuniones, los listados de miembros y las circulares, dejando de lado la correspondencia institucional y los registros legales. Para su tratamiento, se recurrió a un cruce entre las transformaciones que vivieron la industria editorial mexicana durante esos años y los actores y modelos de producción que predominaron en esta época. Esto permite establecer un contraste entre la conformación y funcionamiento del IML con el peso de ciertos sectores y las editoriales de mayor preponderancia en la construcción de la relación con el Estado mexicano por medio del organismo gremial.

Poco se ha dicho sobre el papel que este organismo tuvo en el crecimiento y consolidación de la industria editorial mexicana entre las décadas de 1940 y 1950. Salvo esporádicas menciones en diversos trabajos que han abordado de manera general el proceso industrializador nacional (Brito Ocampo, 2012; González Moreno, 2007; Herrera Zamorano, 2014; Rodríguez Díaz, 1992), o abordada de forma limitada al describir su estructura legal (Peñalosa, 1956), ha sido omitido por la historiografía del libro y la edición en México. En diálogo con trabajos análogos que han surgido en otros países hispanohablantes (Giuliani, 2018; Rodrigo Echalecu, 2015), este artículo pretende subsanar esa laguna, con el propósito de comprender cómo funcionó uno de los puntos medulares en el ecosistema del libro de la época.

Este artículo también diáloga con la reciente discusión sobre el papel del Estado en los procesos editoriales latinoamericanos del siglo XX (Aguirre, Bergel & Rivera Mir, 2025), donde se han destacado las labores que diversas instancias gubernamentales tuvieron en la impresión de libros, o en cuestiones de carácter pedagógico, diplomáticos, de promoción y regulación del libro. A ello, se considera, también se podría sumar la intermediación y negociación con los distintos actores del campo editorial y los conflictos surgidos entre ellos.

Para atender lo anterior, el trabajo está estructurado en 4 apartados. El primero ahonda en las condiciones de la industria editorial mexicana de las décadas de 1940 y 1950. El segundo profundiza en la estructura legal del IML a partir de sus estatutos fundacionales. El tercero muestra la composición del organismo a partir de los actores que fueron más activos en él. El último analiza los vínculos de la organización con las instancias gubernamentales mexicanas y las principales gestiones que realizó en torno a la resolución de distintos problemas que enfrentó el campo editorial nacional durante los años estudiados.

2. Explosión impresa: el crecimiento de la industria editorial mexicana durante las décadas de 1940 y 1950

La producción del libro en México vivió una transformación durante las décadas de 1940 y 1950. Los cambios registrados al interior de la industria y la llegada de nuevos actores al circuito del libro propiciaron el afianzamiento de tendencias que venían desde la década de 1930. Tales como la creación de un monopolio estatal para el control y comercio del papel destinado a la impresión de libros, denominado Productora e Importadora de Papel S.A. (PIPSA) (Zacarías, 1995-1996), el desarrollo de ferias del libro como espacios para la exhibición, venta y consumo de obras (Cervantes Becerril, 2019), la transformación de los modelos de producción editorial, pues las librerías e imprentas fueron gradualmente desplazadas, de modo que las editoriales —bajo el control de la emergente figura del editor—, comenzaron a predominar en la producción editorial (Herrera Zamorano, 2014, pp. 87-139) o nuevos impulsos en políticas de expansión educativa a través del Estado mexicano (González Moreno, 2007, pp. 69-79). Por esto las décadas de 1940 y 1950 marcaron el surgimiento de nuevos sellos editoriales como UTEHA, Atlante, Avante, Patria, Jus, Diana, Costa-Amic, Interamericana, Editores Mexicanos Unidos, entre otros, además del aumento en el volumen de obras impresas y títulos registrados anualmente. A ello se sumaron otras mutaciones registradas al interior del campo editorial, como lo fueron la emergencia de nuevos organismos gremiales.

Es posible explicar estas transformaciones por los cambios surgidos a nivel hispanoamericano a raíz del estallido de la Guerra Civil Española en 1936. El colapso de la infraestructura material y humana que sostenía la producción editorial ibérica a raíz del conflicto armado, además del exilio de muchos trabajadores y colaboradores del entorno de la edición, marcaron un decrecimiento en la producción que tardarían muchos años en subsanar, pues algunos autores señalan que sería hasta mediados de la década de 1940 cuando comenzaría a recuperarse, y sería hasta finales de la misma cuando esta se normalizaría (Fernández Moya, 2015, pp. 575-595). Esto sería aprovechado por diversos países hispanoamericanos, que comenzaron a llenar dicho vacío con la consolidación de nuevos centros hegemónicos de producción editorial. Tal como señala Gustavo Sorá (2017), estos serían Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago de Chile (2017, p. 25). En el caso mexicano, la llegada del exilio republicano al país representó una oportunidad para consolidar las tendencias que se registraron desde la década anterior, pues muchos de ellos se integraron a diversas empresas editoriales o fundaron nuevas, en las que ocuparon puestos como editores, gestores, impresores, tipógrafos, diseñadores visuales, libreros o distribuidores (Agustí Ruiz, 2018; Férriz Roure, 1998; González de la Vara & Matute, 2002). Sellos como Atlante, EDIAPSA, Séneca, Minerva, entre otras, surgieron como iniciativas estrechamente ligadas al exilio español (Agustí Ruiz, 2018).

Estas lógicas hicieron que el campo editorial mexicano se diversificara, al converger nuevos con viejos actores. A las antiguas librerías e imprentas que dominaban el mercado editorial desde principios del siglo XX, como la Imprenta de Manuel León, las Librerías Botas, Porrúa o de la Viuda de Charles Bouret, se sumaron editoriales de corte más moderno, muchas de ellas con presencia importante del exilio español, tales como Atlante, Continental, Diana, Costa-Amic, Libros-Mex, Interamericana, etc. (Herrera Zamorano, 2020). También es necesario señalar la importancia de las agencias distribuidoras dentro del circuito mexicano del libro, tales como EDIAPSA, encabezada por Martín Luis Guzmán y Rafael Giménez Siles. Otra pieza del entramado editorial mexicano fue la presencia de importantes editoriales extranjeras que fundaron sucursales o filiales, con el propósito de imprimir y comercializar libros. Entre estas se encontraban Espasa-Calpe (Sánchez Vigil, 2018), Aguilar, Sopena, Labor, Salvat, Ateneo, Hermes, entre otras (Fernández Moya, 2012).

Esta situación varió a lo largo del territorio nacional. Por una parte, la Ciudad de México concentró a gran parte de las editoriales, sobre todo aquellas que comenzaban con un modelo de producción a escala industrial. Tal como señala Gabriel Zaid, el 95% de los sellos se concentraban en la capital del país, en contraste con Guadalajara o Monterrey, que apenas detentaban un 2% y 1% respectivamente (1958, pp. 16-17). Entre estos sellos, destacaban el FCE, UTEHA, Prensa Médica Mexicana, Atlante, Grijalbo, Hermes, Patria o Jus. Por otra parte, en los estados del país, la producción se concentraba mayoritariamente en algunos pequeños talleres tipográficos o librerías que imprimían algunas obras de forma esporádica, además de instancias estatales o empresas que imprimían libros también de forma esporádica. También surgieron iniciativas editoriales más amplias, como el caso de la jalisciense Talleres Linotipográficos Vera. Ésta editó de forma continua a mediados del siglo XX. También el gobierno del estado se convirtió en un importante productor de impresos (Michel, 2009).

También fue notable el papel que tuvo el Estado mexicano en el campo editorial durante estos años. Además de su vinculación con sellos como el FCE o la Imprenta Universitaria de la Universidad Nacional, la administración de los Talleres Gráficos de la Nación o PIPSA, el papel del Departamento Autónomo de Publicidad y Propaganda en la producción de impresos (Rivera Mir, 2020) o el desarrollo de proyectos editoriales relacionados con iniciativas educativas, como la Comisión Editora Popular (Rivera Mir, 2025), la estructura estatal mexicana también ayudó en el afianzamiento de la industria nacional, pues diversas instancias se convirtieron en interlocutores constantes para editores, libreros, distribuidores e impresos.

Labores como las gestiones que debían realizar para la compra de papel, la exportación o importación de insumos o la negociación de políticas públicas y legislaciones que impactaran en la producción y comercio del libro pasaron por diversas oficinas gubernamentales (Brito Ocampo, 2012). También instancias como la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus diversas embajadas en los países del continente, apoyaron en la expansión comercial de las editoriales mexicanas, al buscar facilidades para su inserción en los mercados de cada nación, así como la resolución de los diversos conflictos que enfrentaron (Guzmán Anguiano, 2019).

Este aumento en el número de editoriales y actores dentro del panorama editorial mexicano conllevó al paulatino incremento en el volumen de producción editorial y de títulos públicos por año. Tal como señala Herrera Zamorano (2020), a partir de la década de 1940 se registró un incremento sostenido en el número de obras registradas por año que se mantendría por más de dos décadas. Con ello también se elevó el volumen de obras disponibles en el mercado editorial, pues si bien no existieron grandes variaciones respecto al promedio del tiraje por libro –con un promedio de 1000 ejemplares por obra—, sí significó un incremento en la cantidad de títulos por año.

El incremento del volumen de producción también impactó en las dinámicas del mercado nacional del libro y la búsqueda de nuevos espacios en el extranjero. En lo que respecta al mercado interno, la estructura comercial que sostenía la venta de libros permaneció estable durante estos años, pues la Ciudad de México siguió manteniendo una posición preponderante en la comercialización de libros frente a otras partes del país. Esto hacía que las ventas de libros fuera de la capital fueran menores a las esperadas por los editores (Peñalosa, 1956). Así lo recalca Valentina Torres Septién (2010): durante estos años el sistema de comercialización se concentraba en su mayoría en la Ciudad de México, pues existían solo alrededor de 70 librerías en el interior del país. Varias de estas eran librerías de viejo o estanquillos que vendían libros de segunda mano, además de algunas librerías especializadas o de venta generalizada. Esto también se entiende por el hecho de que muchas editoriales preferían vender a distribuidores que ocuparse ellas mismas de gestionar la circulación de las obras a lo largo del país (Peñalosa, 1956).

A su vez, se estima que para la época, solo el 25% del volumen de obras producidas por las editoriales mexicanas se consumían en el mercado interno (Torres Septién, 2010, pp. 320). De ello existía la necesidad de acomodar el resto de los impresos en otros mercados externos, principalmente en países hispanohablantes del continente americano, España y Estados Unidos. Pero para acceder a estos mercados, los productores mexicanos enfrentaron una serie de dificultades que obstaculizaron la entrada y comercialización de impresos, como la censura en España, las imposiciones aduanales y de permisos de importaciones en naciones como Argentina, Chile o Perú, o el traslado de los saldos de ventas de los mercados externos al entorno mexicano (Guzmán Anguiano, 2019).

Como una forma de tratar de construir consensos y plantear soluciones frente a las problemáticas que enfrentaba el campo editorial de la época, algunos editores consideraron necesario crear un organismo gremial que sirviera como espacio de diálogo, negociación y cooperación común entre los diversos actores de la industria. El hecho de estructurar una “voz común” en torno a los problemas y retos que enfrentaban libreros, editores y distribuidores de libros, permitiría el desarrollo de estrategias y acciones compartidas con el fin de ejercer presión y buscar posibles soluciones frente a otros sectores del entorno mercantil y empresarial nacional e internacional, así como frente al Estado mexicano. Esto permitió dar origen durante la década de 1940 a diversas corporaciones del campo de la edición.

Tal como señala Fernando Peñalosa (1956), a partir de 1941, por ley el gremio de la edición quedó obligado a conformar organismos de carácter gremial. Esto provocó que surgieran organizaciones como la Cámara Mexicana el Libro, fundada en 1942; la Asociación Mexicana de Editores y Libreros, en 1937 y la Asociación de Libreros de México —creada también durante la década de 1930—, encargada de la edición del Anuario Bibliográfico Mexicano, fueron solo algunas de las instancias que funcionaron a la par (Rodríguez Díaz, 1992). Estas llegaron a colaborar en proyectos en común, como la organización de la Tercera Feria del Libro y Exposición Nacional del Periodismo, realizada en 1945 a iniciativa de la Cámara Mexicana del Libro y la Asociación Mexicana de Editores y Libreros (Cervantes Becerril, 2019).

Estas vinculaciones propiciaron que en 1947 la cámara y la asociación decidieran fundirse para dar origen al IML, que se formó el 4 de julio de dicho año. Este organismo, tal como rescata Brito Ocampo a partir de algunos testimonios de la época (2012), surgió como una forma de sumar esfuerzos para impulsar la industria editorial y alcanzar las expectativas proyectadas por varios sectores que la integraban, debido a que consideraban que la producción y venta del libro no había alcanzado los niveles esperados en comparación con otros países durante la época, como Argentina o Chile. Esto lo atribuían a la falta de apoyo gubernamental y de una legislación proteccionista que defendiera la producción impresa frente al libro extranjero. Por esto el IIML surgió como un intento de agrupar los esfuerzos dispersos de las corporaciones anteriores y focalizarlos en un mismo frente de presión. Su existencia se prolongó hasta 1964, año en que fusionó con la Asociación Mexicana de la Industria Editorial –fundada en la década de 1950— para dar paso a la actual Cámara Nacional de la Industria Editorial (Caniem).

Tal como se muestra a continuación, la formación del IML puede entenderse como una respuesta de diversos editores de la industria editorial mexicana –encabezados por actores como Daniel Cosío Villegas, Guzmán, Reyes Heroles, Arnaldo Orfila Reynal, Jesús Silva-Herzog, entre otros— para presionar y negociar con la estructura gubernamental mexicana —de la cual varios de ellos formaban parte— en la búsqueda de medidas proteccionistas que impulsaran la producción impresa mexicana en el mercado interno y externo.

3. Las bases de un organismo: la estructura legal del Instituto Mexicano del Libro

Como parte de las gestiones que dieron origen al IML, fue necesario pensar una estructura legal que normase su funcionamiento y fijara los procedimientos para la adhesión y participación de sus miembros. Esto quedó reflejado en el diseño de sus estatutos internos, elaborados en 1947, los que regían aspectos como los objetivos del organismo, los sectores que podían participar, los requerimientos que debían cumplir, cuáles eran sus derechos y obligaciones, la organización al interior del IML, entre otras cuestiones. A partir de esto es posible señalar que el diseño estructural de la corporación buscó resaltar las voces de los actores preponderantes de la industria editorial mexicana, para así enfocar la relación con la estructura gubernamental mexicana a partir de los intereses de dichos sectores, al priorizar la defensa y resolución de las problemáticas y necesidades que estos expresaban.

En primer término, el IML fue pensado como un intermediario entre los actores de la industria editorial y el Estado mexicano, al buscar unificar distintas voces a través de una instancia que posibilitara la resolución de conflictos y problemáticas transversales para los sectores del libro. Esto es visible en el segundo artículo de los estatutos, donde se establecía la necesidad de disponer relaciones con el gobierno en turno para gestionar apoyos en la creación de políticas que favorecieran la producción y comercio del libro, además de representar y defender a los agremiados frente a las instancias gubernamentales mexicanas y en el extranjero (Estatutos del Instituto Mexicano del Libro, 1947). Esta, como se constata más adelante, resultó ser una de las labores centrales del organismo.

Pero esta prioridad no limitó la operación del IML, pues también se estableció que debería funcionar como instancia consultiva y de arbitraje al interior de la industria editorial mexicana, pues se buscaba que la organización prestase servicios de consulta y orientación legal, ayudara en la creación y el desarrollo de premios y ferias del libro, editase libros o revistas especializadas, además de oficiar como árbitro en la resolución de conflictos internos. Estas facultades permiten suponer que el diseño de esta instancia buscaba resolver la posible fragmentación que se vivía dentro del creciente circuito del libro nacional, pues con la pluralización de editores, distribuidores y libreros, resultaba necesario un espacio de convergencia donde fuera posible construir consensos respecto a las necesidades y prioridades de la industria. Estos acuerdos fungieron a partir de filtros que priorizaron ciertas voces o perspectivas.

En este sentido, ¿cuáles fueron las pautas para pertenecer al IML? Los estatutos también establecieron los lineamientos sobre quiénes podrían integrarse al IML, la categoría en que lo harían y los requisitos que debían cumplir. En primer lugar, se definieron cuatro categorías de asociados: editores, distribuidores y grandes y pequeños libreros (Estatutos del Instituto Mexicano del Libro, 1947). Este artículo se detiene a analizar solamente la categoría del editor. Este estatus se definió a partir del volumen de libros que se producían al año y el tamaño del catálogo que tenía detrás de sí cada empresa. Para ello se estableció el parámetro de contar con la publicación de al menos 5 títulos anuales, o que en su catálogo ya existieran 20 obras y que imprimieran al menos 2 títulos anuales, además de estar registrados como editores de libros frente a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Estatutos del Instituto Mexicano del Libro, 1947).

Esta cuestión impuso límites claros sobre quiénes podrían integrarse como miembros bajo esa categorización, al priorizar a aquellas empresas que contaran con experiencia en el campo y con un volumen significativo de libros editados. También representó un filtro que dificultaba la incorporación de organizaciones políticas o instituciones que publicaban libros de forma esporádica, editoriales militantes con un programa editorial poco prolífico, pequeñas imprentas o talleres tipográficos que producían ocasionalmente libros por encargo, o pequeñas librerías que también producían ocasionalmente algunos libros. Esto dejó fuera no solo a los pequeños productores o productores “artesanales” del impreso, sino que, tal como se señaló con anterioridad, también excluyó a muchos de los actores que se asentaban fuera de la Ciudad de México, donde predominaba un modelo de producción a pequeña escala.

Al tener estas referencias es posible considerar que el organismo trató de responder a los actores preponderantes de la industria editorial. Esto permitió que la división entre distribuidores, libreros y editores estableciera una clara diferenciación entre intereses y problemas que aquejaban a cada sección, lo que posibilitó una gestión focalizada en problemas específicos, como el acceso a insumos y cadenas de producción, para el caso de los editores; o la distribución y venta, para el caso de los libreros y distribuidores. Estas categorizaciones no siempre consideraron las múltiples funciones que en ocasiones ocupaba una misma empresa, como el hecho de que editoriales también fungían como distribuidoras o tenían una estructura de librerías propias. Pero, tal como se verá más adelante, la corporación encontró formas para ajustarse a esta multiplicidad de roles.

En lo concerniente a los derechos y obligaciones de los agremiados, se estableció la facultad de asistir y participar en las asambleas del IML, ocupar algún cargo dentro de la estructura directiva, acceder a los servicios de la organización, así como expresar las problemáticas e inquietudes a las cuales se encontraban sujetos en sus labores cotidianas. En contraparte, estaban obligados a obedecer lo establecido por los estatutos y las disposiciones planteadas por la asamblea o el comité ejecutivo, asistir a las reuniones, además de pagar las cuotas que traía consigo la membresía (Estatutos del Instituto Mexicano del Libro, 1947).

La estructura organizativa del IML respondió a la misma segmentación que se fijó entre los agremiados, pues se buscó que, en la base, las instancias deliberativas reunieran a los pares para definir de mejor forma las problemáticas y necesidades de cada sector (Estatutos del Instituto Mexicano del Libro, 1947). Existía la figura del comité ejecutivo, el cual estaba integrado por el presidente del IML –elegido por los socios numerarios por un periodo de tres años, con posibilidad de reelección—, y estaba facultado para ejercer la dirección y representación legal del organismo, además de presidir las asambleas generales. A su vez, la figura del secretario general –un empleado de base de la organización— se encargaba de llevar el registro y coordinar las funciones administrativas cotidianas de la corporación, además de contar con facultades de representación legal. También integraban al comité un presidente y dos vocales por cada sección del IML: editores, distribuidores, pequeños libreros y libreros mayoristas. Estos representantes se reunían de forma mensual para discutir asuntos que surgiesen.

Una instancia superior al comité fue la asamblea general, conformada por todos los agremiados. Esta tenía capacidad de decisión y control sobre las otras secciones, además de reformar los estatutos de la organización, su funcionamiento o incluso su disolución. Con este diseño, se buscó crear un equilibrio entre los diversos actores que integraron el IML y su posición dentro de la industria editorial, a pesar de que esto significó la exclusión de otros sectores del ecosistema del libro mexicano.

El diseño de los estatutos también respondió a la lógica aglomerante que dio origen al IML, pues con la fusión de los organismos gremiales previos —la Cámara Mexicana del Libro y la Asociación Mexicana de Editores y Libreros—, era necesario propiciar dicha integración. Para ello se fijó un artículo transitorio que delineó el establecimiento de un comité ejecutivo provisional que facilitara la constitución del IML. Para ello se nombró como integrantes de dicho comité a Guillermo Menéndez, José González Porto, Francisco Pérez Porrúa, Gustavo A. Velasco y Rodrigo García Treviño (Estatutos del Instituto Mexicano del Libro, 1947). Este tendría como objetivo permitir las labores organizativas de la estructura institucional, así como la convocatoria a la asamblea constituyente.

Es posible atribuir el nombramiento de estas personas al peso que varios de ellos tenían dentro del campo editorial, tanto en términos comerciales como simbólicos. Figuras como Pérez Porrúa —editor de Porrúa—, Gustavo A. Velasco —gerente de Casa Unida de Publicaciones—, Guillermo Menéndez —gerente de W. M. Jackson Inc. Editores— o José González Porto —exiliado republicano, editor de UTEHA— formaban parte de editoriales y distribuidoras de gran peso simbólico y cultural, mientras que el nombramiento de Rodrigo García Treviño —encargado de proyectos editoriales como América (Rivera Mir, 2018)— puede deberse a la lógica política de la edición. Este conglomerado de actores puede ser visto como un intento de legitimar la constitución gremial del organismo al que daban inicio, pues al contar con el respaldo de “pesos pesados” del campo editorial nacional, el IML se posicionaba como una voz “autorizada” para encausar los reclamos de los diversos actores de la creciente industria. A su vez, el posterior nombramiento de Martín Luis Guzmán —reconocido escritor, periodista y político mexicano, además de dueño de las Librerías de Cristal y de EDIAPSA— como presidente del IML para el periodo de 1947 a 1950, y a Reyes Heroles como secretario general del organismo, permiten suponer que el diseño operativo del IML priorizó el peso político de los actores que dirigían y ejecutaban las decisiones, pues su perfil y vinculaciones facilitaban, en teoría, la obtención de apoyos y respuestas a sus necesidades por parte de las instancias gubernamentales.

Un elemento que también es necesario tener en consideración es el hecho de que a partir de su estructura legal, es posible señalar que el IML tuvo de origen propósitos similares a los que tuvo la CAL en la búsqueda por parte de los sectores de la industria editorial argentina de interlocución con el Estado argentino (Giuliani, 2018). Esta situación marca una clara divergencia en el caso de la experiencia española y INLE, que surgió como parte del esfuerzo del régimen franquista por corporativizar y controlar las distintas ramas del ecosistema del libro ibérico, sobre todo en la toma de decisiones políticas y económicas de la edición (Rodrigo Echalecu, 2015). En la experiencia mexicana resalta el peso que tuvo de inicio la necesidad de cultivar los vínculos con el Estado mexicano. Esta vocación fue una de las aristas más importante de las gestiones realizadas por los organismos, aunque no fue la única.

4. Un espacio, múltiples actores: la convergencia al interior del Instituto Mexicano del Libro

Es posible señalar que el IML fungió como un nodo que agrupó una diversidad de actores de la industria del libro nacional durante los años estudiados. La documentación permite conocer con cierta amplitud quienes integraron el organismo y algunos de los roles que ocuparon durante estos años. A partir de algunos informes, actas de reuniones y listados de miembros existentes, es posible comprender cómo las categorizaciones anteriormente señaladas como editores, distribuidores y grandes y pequeños libreros no necesariamente fueron estáticas, sino que se adaptaron precisamente a multiples modelos que existían en el entorno mexicano durante esta época.

En principio se señala que el IML agrupó durante estos años a alrededor de 65 miembros, entre editoriales, distribuidores y libreros grandes y pequeños. Estos números, si bien variaron con los años, resultan significativos. En una rápida descripción, es posible señalar que de inicio fueron un total de 66 miembros (Listado de socios del IML, 1948), entre editoriales —27 en total—, distribuidoras —4 en total—, y librerías —20 grandes y 15 pequeñas—. En un listado posterior, que es posible fecharlo a inicios de 1951, el IML incluyó a 64 miembros —25 editoriales, 9 distribuidores, 19 libreros grandes y 11 pequeños—, con pocas variaciones, salvo el ingreso de editoriales como Jus, la reclasificación de editoriales a distribuidoras, como el caso de Hermes, o el ingreso de nuevas distribuidoras como Aguilar, Labor Mexicana, Exportadora de Publicaciones, Joaquín Vila, etc. (Pleno y directorio general del IML, 1952). También es posible conocer que entre 1951 y 1952 ingresaron nuevos miembros a la organización, entre los que estaban editoriales como Cuadernos Americanos, Sol y Compañía General de Publicaciones, distribuidoras como Pax-México, Enrique Saénz o Queromón Editores, y libreros como Manuel Machuca o Librería Góngora (Socios que ingresaron al IML, 1952c).

A partir de estos aspectos, es posible estimar que la organización agrupó a las editoriales de mayor preponderancia de la época. Al hacer una comparación entre los miembros de 1952 y el listado realizado por Mariano Herrera Zamorano sobre las editoriales con mayor producción editorial entre los años de 1957 y 1960 (2020), muchas de estas se encontraban en las filas del IML, tales como FCE, Porrúa, Jus, Patria, UTEHA, Interamericana, Botas, entre otras. También destaca el hecho de que gran parte de los actores reunidos dentro del IML se ubicaban en la ciudad de México. Esto permite comprender tanto la concentración que la producción del libro tenía dentro de la capital mexicana durante estos años como las mismas limitaciones del organismo gremial para coptar a los actores de otras partes del país.

También es posible resaltar que varias empresas tenían una doble presencia, como fue el caso de EDIAPSA, que aparecía como librero grande, además de aparecer en la sección de edición con casas como Colección Málaga y Compañía General de Ediciones, que formaban parte de su conglomerado. A su vez, distintos organismos que se inscribieron como libreros o distribuidores también poseían un programa editorial, como el caso de la Librería Botas. Esta asistencia múltiple respondió a la diversificación de las propias empresas relacionadas con el ramo del libro, y a la incorporación de los diversos modos de producción que imperaban al interior del campo. A su vez, esta cuestión también permitió que algunos actores tuvieran mayor influencia dentro de la organización. Un ejemplo de ello es el caso de Martín Luis Guzmán, ya que su papel en EDIAPSA y en otras colecciones editoriales fue uno de los aspectos que lo llevaron a ocupar el puesto de presidente del IML.

Esta representación también incluyó a las editoriales extranjeras, que tuvieron presencia en la sección de distribuidores y libreros, con sellos como Aguilar, Labor México, Pax-México, Espasa-Calpe Mexicana, Hermes, entre otros. Estas casas comercializadoras dieron voz, capacidad de influencia y decisión de forma directa e indirecta a los productores del libro de otros países. Esto es posible señalarlo debido a que empresas que poseían una representación directa en el país —como fue el caso de Espasa-Calpe México o Labor—, tal como han mostrado estudios como los de Fernández Moya (2012) o Sánchez Vigil (2018), velaban por sus intereses como conglomerados editoriales, al adoptar políticas de corte trasnacional entre sus sucursales para tratar de influir en condiciones ventajosas para sus libros en los múltiples países en los que tenía presencia. Esta situación es equiparable a la formación de la CAL en Argentina, pues desde sus inicios contó con la presencia de sellos de origen español o de representaciones españolas en el país sudamericano, como Labor, Joaquín Torres, Espasa-Calpe Argentina, Joaquín Gil, entre otros, que buscaban reivindicar sus labores en Buenos Aires en la venta y reexportación de libros ibéricos para comercializarlos en otras capitales del continente americano (Giuliani, 2018).

Un aspecto que resulta necesario comprender en profundidad es la conformación del comité directivo del IML y el peso que diversos actores tuvieron al interior de la organización. Durante los años estudiados, fueron tres los editores que ocuparon el cargo de presidente del IML: Martín Luis Guzmán —1947-1951—, Jesús Silva Herzog —1951-1952— y Francisco Pérez Porrúa —1952-1953—. A ellos también es necesario sumar el rol de Reyes Heroles, quien fungió como secretario de la organización entre 1947 y 1953.

Las figuras que ocuparon la presidencia estuvieron vinculadas a proyectos editoriales de gran relevancia en la industria del libro y en el ámbito intelectual mexicano —Guzmán por EDIAPSA y su rol como escritor, Silva Herzog por su papel en editoriales como el FCE o Cuadernos Americanos, Pérez Porrúa por su rol en la editorial que lleva su apellido—, además de ser presidentes de organismos gremiales anteriores —como Guzmán en el caso de la Asociación Mexicana de Editores y Libreros (Brito Ocampo, 2012)—. Desde esta posición, estos editores tuvieron capacidad de influencia en la toma de decisiones para la resolución de conflictos y problemáticas que afectaban al campo editorial, como la imposición de aranceles y permisos de importación al libro mexicano, la falta de papel adecuado o los problemas por el tratamiento de derechos de autor.

Por otro lado, la figura de Reyes Heroles como secretario del organismo resulta esencial para comprender el manejo legal y administrativo realizado por el IML. Durante estos años, el futuro secretario de gobernación durante el sexenio de José López Portillo estuvo estrechamente vinculado con espacios universitarios y de gestión gubernamental. Recien concluidos sus estudios de posgrado en la Argentina —en la Universidad de Buenos Aires y en el Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires en 1945—, impartió cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, brindó asesorías a delegaciones mexicanas en eventualidades diplomáticas y se vinculó a organismos dentro del Partido Revolucionario Institucional (Elección de miembros del Consejo Ejecutivo, 1983).

El desarrollo de estas actividades a la par de su función como secretario, permiten comprender tres cuestiones. La primera de ellas es el hecho de que el salario que recibía resultaba insuficiente, al ser necesario complementarlo con labores que le trajeran ingresos extras. La segunda es que las tareas que realizó dentro de la diplomacia mexicana y el partido oficial le ayudaron no solo a escalar en el plano político, sino que también pudieron facilitar el acceso a conexiones necesarias para resolver los conflictos en sus encargos como secretario. La tercera es que su perfil como abogado también facilitó la administración de los asuntos legales del IML, ya que gran parte de la correspondencia administrativa y jurídica está firmada por Reyes Heroles. Esto también se debe a que este, al ser el principal puesto de tiempo completo que existía dentro de la organización, poseía la representación legal de la asamblea general (Peñalosa, 1956).

Otros miembros de la estructura directiva, tales como los presidentes y vocales de cada sección, sirvieron como intermediarios que posibilitaron un balance entre las voces agremiadas. Si bien no es posible reconstruir la totalidad de sus ocupantes durante los años estudiados, se puede tener una idea próxima de estos a partir de los listados disponibles. Un ejemplo es la mesa que fungió durante parte de la gestión de Martín Luis Guzmán (Mesa directiva del Instituto Mexicano del libro, 1951), que estuvo compuesta por Rafael Giménez Siles —EDIAPSA— como presidente de la representación de editores, y Estanislao Ruíz Ponseti —UTEHA— y el Sr. Joye (Interamericana) como vocales. En la parte de distribuidores ejercieron como presidente Francisco Rubio —Espasa-Calpe México— y Julio Saénz —Labor México— y Francisco Sayrols —Libros y Revistas— como vocales. Mientras que en la sección de libreros grandes Francisco Pérez Porrúa fue el presidente, y Guillermo Menéndez —W. M. Jackson— y Rodrigo García Treviño —Librería Ariel— como vocales. A ello se sumó A. González Quiroz —Librería Buena Prensa— como presidente de la sección de pequeños libreros, además de Jaime Ibáñez Pons —Librería Ibáñez— y Sr. Liceaga —Librería Liceaga— como vocales. Al integrar la mesa, estos formaron parte de las deliberaciones respecto a las problemáticas que enfrentaba el gremio, pues eran constantes los llamados a reuniones específicas de secciones, que atendían asuntos determinados (Acta de la Asamblea General, 1952a).

Como parte de las eventualidades extraordinarias, el IML también resolvió la necesidad de nombrar a miembros de la asamblea como delegados o encargados para la negociación o resolución de problemáticas específicas. En particular, se buscaba que, con esas designaciones, estas personas emplearan sus vínculos sociales o los recursos a su alcance en favor de dar resolución a las dificultades que atravesaba el gremio en general. Esto es perceptible en el nombramiento de Cosío Villegas en 1949 y Orfila Reyna en 1951 —ambos representantes del FCE— como delegados para la negociación de acuerdos y convenios comerciales para regularizar el comercio de libros entre México y Argentina, cuestión que ha estudiado con mayor profundidad Joel Guzmán Anguiano (2019).

Esta posición, propuesta por el FCE al pleno del IML, facultó a estos editores para la representación legal de la organización en la negociación de acuerdos con el gremio editorial y las instituciones gubernamentales y bancarias argentinas. En este caso es posible señalar que se nombró a Cosío Villegas y Orfila Reynal debido a la reputación y conexión que el primero tenía con el país sudamericano, así como el hecho de que el segundo era argentino y poseía grandes vinculaciones y conocía el entorno editorial rioplatense (Sorá, 2017), aspecto fundamental en la resolución de este conflicto. También esta cuestión muestra el peso que esta editorial mexicana tenía dentro del organismo gremial.

El nombramiento de delegados extraordinarios también permite comprender cómo funcionó la conexión entre el gremio editorial mexicano y la estructura gubernamental del país. Esto se debe al hecho de que estos delegados, para la solución del conflicto con Argentina, requirieron de una estrecha cooperación y coordinación con diversas instancias gubernamentales como el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Buenos Aires. Esto con el propósito de acordar medidas y proposiciones de acuerdo que permitieran tanto espacio de gestión para las editoriales como para el mismo gobierno mexicano (Informe de las actividades del IML, 1952).

Esta vinculación da muestra del alto grado de diálogo y apoyo que recibió la industria editorial mexicana, sobre todo a partir de las figuras del presidente, el secretario general del IML y el delegado, al menos en la búsqueda de arreglos para esta problemática en particular. Es posible suponer que estos lazos se soportaron en el hecho de que múltiples actores del gremio editorial trabajaban o formaban parte de la esfera de influencia de los gobiernos de la época, como Martín Luis Guzmán, quien se desempeñó como diputado o senador, o diversos miembros de la Junta de Gobierno del FCE, quienes ocupaban puestos dentro de diversos organismos gubernamentales (Sorá, 2017).

5. La industria y sus intermediarios: gestiones y acciones del Instituto Mexicano del Libro

Ahora bien ¿Cuáles eran las labores del IML? Estas fueron muy diversas, ya que se ocupó de múltiples actividades y gestiones. Un primer aspecto a destacar fue la construcción de una relación colaborativa entre el aparato gubernamental mexicano y el gremio de la edición, con el doble propósito de fortalecer los vínculos institucionales entre ambas instancias, además de empujar la protección y fortalecimiento de un campo de la industria nacional que se encontraba en pleno proceso de crecimiento y consolidación. En ello, la función como intermediario fue aprovechada para estandarizar peticiones y trámites por parte de los productores y distribuidores ante instancias como la Secretaria de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda o Secretaría de Relaciones Exteriores, como registro de derechos de autor, seguimiento de embarques aduanales, la solicitud de facilidades para la importación de papel, las exenciones de impuestos. A ello se sumó la proposición de leyes, reglamentaciones o modificaciones legales que favorecieran a la producción nacional.

Tal vez la función que tuvo mayor peso en el cultivo de esta relación fue su funcionalización en la resolución de conflictos al interior del campo editorial nacional, pero también en disputas de carácter internacional, lo que se advierte especialmente en el tratamiento de las dificultades que surgieron en la exportación e importación de libros. Entre 1948 y 1953, se presentaron diversos obstáculos para la comercialización de libros mexicanos en España, Perú, Chile, Colombia y Argentina debido a medidas como la imposición de permisos de importación y aranceles, la imposibilidad de acceder a divisas cambiarias para transferir las ganancias o la limitación a la circulación de ciertas obras. Esta clase de disposiciones, impuestas por los gobiernos de dichos países, respondieron en ocasiones a la situación económica que predominaba a nivel mundial, pero en otras tuvieron razones políticas detrás, como el control de las obras que no debían circular en una nación en específico, como fue la operación de la censura en España durante el franquismo (Ruíz Bautista, 2015).

Ante esto, el IML, como representante de los editores mexicanos, buscó la resolución de estos conflictos, al entrar en diálogo con diversas instancias para tratar de lograr acuerdos, pero también para buscar el respaldo institucional que legitimara los reclamos de la industria mexicana y brindara apoyo para la realización de gestiones oficiales. Esto se dio sobre todo con diversas cuestiones gubernamentales mexicanas, ante las cuales se intentó realizar acercamientos diplomáticos y comerciales para tratar de negociar acuerdos entre las partes que permitieran la circulación ágil de obras (Convenio en Argentina para el pago de libros y revistas, 1952). Esto es equiparable a lo que sucedió con las instancias gremiales de España y Argentina, donde a partir de negociaciones con los gobiernos en turno, procuraron favorecer su producción editorial en los mercados externos, así como proteger su mercado interno, con resultados diversos (Giuliani 2018; Rodrigo Echalecu, 2015).

Un ejemplo de estas gestiones es el caso del conflicto comercial que surgió entre México y Argentina en 1947 que se postergó hasta mediados de la década de 1950. Esta pugna, originada debido a la carencia de dólares en Argentina, impidió la transferencia del pago de los libros que exportaban las editoriales mexicanas hacia Argentina. Esto provocó la acumulación de grandes saldos que quedaron pendientes de cubrir durante años y que se convirtió en un problema que agravó las financias de diversas editoriales mexicanas, como FCE (Guzmán Anguiano, 2019).

Si bien no es el propósito de este artículo profundizar en este conflicto, es posible señalar que la actuación del IML se abocó a dialogar y negociar con múltiples instancias para tratar de dar solución al inconveniente comercial. Para ello, empujado por editoriales como Porrúa, UTEHA, Jus, Patria o el ya mencionado FCE, el organismo fungió como gestor frente a la estructura gubernamental mexicana para tratar de lograr el apoyo de la Secretaria de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores en la resolución del conflicto, logrando el respaldo institucional para tratar de resolver el choque mercantil, sobre todo a partir de la Embajada de México en el país sudamericano (Acta de la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica, 1949a, pp. 113-126). Esto facultó, tal como se señaló anteriormente, el nombramiento de Cosío Villegas y Orfila Reynal –directores del FCE en su respectivo momento— como representantes oficiales del gremio editorial mexicano para la negociación de un convenio bibliográfico de pagos entre México y Argentina, con facultades legales para llegar a un acuerdo (Acta de la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica, 1949b). Estas gestiones del IML no se limitaron al espacio mexicano, ya que también se extendieron a la parte institucional argentina, pues fueron constantes los intercambios epistolares realizados ante la CAL para tratar de destrabar la situación (Correspondencia General, 1950).

Dentro de la relación que gestionó el IML entre el Estado mexicano y el gremio editorial nacional, también es necesario tener en cuenta que por momentos esta no siempre fue tersa y cordial, ya que en diversos momentos editores, libreros y distribuidores solicitaron al organismo que presionara a la estructura estatal para que frenara o echara para atrás diversas medidas que impactaban y perjudicaban a la producción y venta de impresos, tales como la imposición de aranceles a la importación de libros, insumos y materias primas, o la aprobación de legislaciones. Pero aun en estos momentos de divergencias, los editores optaron mayoritariamente por la negociación con las instancias gubernamentales. Ejemplo de esto fueron las gestiones que el IML realizó entre 1947 y 1948 para la defensa de los acuerdos panamericanos referentes a la protección de derechos de autor, lo que allanó el camino para la estandarización a nivel continental. Esta ley fue una respuesta a los conflictos que ocasionó las lagunas legales existentes en México ante la protección de propiedad intelectual y las acciones de pirataje a las que dio lugar (Peñalosa, 1956)

Ante el avance por parte de la Secretaría de Educación por consensar el proyecto entre el gremio, el IML detectó que la forma en que se procedía el registro de las obras en matería de propiedad intelectual era legalmente endeble y cuestionable. Esto hizo que el pleno del organismo decidiera una reunión con el secretario de educación, Manuel Gual Vidal, para hacerle llegar los comentarios al respecto y se hicieran las modificaciones legales pertinentes al proyecto y sus reglamentos. Gual Vidal decidió, como producto de la reunión, suspender temporalmente el registro legal de obras para paliar las deficiencias, a la vez que el IML se comprometió a elaborar un proyecto de reglamento que solucionara la situación. Se nombró a una comisión interna, integrada por Guillermo Méndez, Julio Sáenz y Estanislao Ruíz Ponseti, para elaborar. La comisión sugirió una reforma radical de diversos artículos de la ley, con el propósito de clarificar las especificidades de lo considerado “dominio público” dentro de la legislación. Esto fue transmitido dentro de una comisión que la SEP constituyó para consultar las reformas pertinentes a la ley de derechos de autor (1950a). Esto fructificó en los cambios que registró la ley, promulgada en 1948 (Peñalosa, 1956)

En otro marco de acción, el IML también prestó servicios específicos relacionados con las necesidades del gremio editorial. Desde la gestión de trámites realizados ante el gobierno mexicano, así como la realización de consultas respecto a procedimientos legales, registros en materia de derechos de autor, cuestiones laborales, contratos colectivos, registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, trámites para exportaciones e importaciones, recomendaciones laborales, oferta y demanda, informes confidenciales, entre otros, formaron parte de las labores cotidianas de esta instancia (Informe esquemático de labores del IML, 1950). Estas acciones permiten comprender al IML también como un espacio de estandarización y modernización de las prácticas y labores de la edición. A partir de la orientación legal y la “instrucción" informal de los actores del campo, sobre cuando aquellos no poseían los conocimientos o capacidades necesarias, se buscaba que el organismo sirviera como espacio de formación y profesionalización de editores, distribuidores y libreros. No hay que olvidar que Guzmán, Silva-Herzog y Reyes Heroles eran de formación abogados, lo que les permitía tener una noción clara de los procesos administrativos.

Una de las actividades más importantes que desarrolló el IML durante estos años fue el fungir como espacio colegiado para la toma de decisiones colectivas por parte del gremio editorial. La concepción del pleno y las secciones que conformaban al organismo como un espacio de conciliación y toma de decisiones permitieron resolver y consensar acciones que representaran una acción colectiva frente a alguna problemática específica. Desde la necesidad de responder a manifestaciones estudiantiles por el alza del costo de los libros universitarios y la forma en que los libreros trataban de formular una respuesta al respecto (Acta de la Asamblea General, 1952a), la proposición de proyectos editoriales y publicaciones periódicas dependientes del IML como una estrategia para promover y publicitar las novedades bibliográficas de los editores (Acta de la Asamblea General, 1952c), o la adopción de medidas ante el alza de la cotización de divisas extranjeras para importación de obras a las librerías nacionales (Acta de la Asamblea General, 1952b), son solo algunos de los asuntos que discurrieron dentro de los espacios colegiados del organismo.

Otra esfera de acción del IML fue el llevar a cabo diversos eventos que buscaron promover socialmente la relevancia de la producción editorial como un elemento artístico, cultural y comercial, además de dar notoriedad al organismo y a sus agremiados. Una de estas estrategias fue la organización de diferentes ferias del libro o exposiciones gráficas y bibliográficas que permitieran difundir las novedades de las obras nacionales, además de promover la venta de libros (Informe de las actividades del IML, 1952). Estos actos, llevados a cabo en el país y en el extranjero, permitieron dar notoriedad a las obras de diversas editoriales y destacar las virtudes de la producción bibliográfica nacional en términos estilísticos, materiales o intelectuales. Estas acciones, tal como señala Freja Cervantes (2019), significaron tanto el despliegue espacial de la producción bibliográfica nacional como la búsqueda de formación de públicos lectores.

También este tipo de acciones en el entorno cultural sirvieron para que el IML fortaleciera su vínculo con el Estado mexicano. Para ello, el IML prosiguió con el otorgamiento del Premio Manuel Ávila Camacho a la trayectoria en el campo de la literatura y las ciencias. Instaurado originalmente por la Asociación Mexicana de Editores y Libreros en 1944, como una forma de reconocer los aportes del gobierno de Ávila Camacho a la consolidación de la producción editorial nacional, este fue otorgado durante sus primeros años a Enrique González Martínez y Manuel Sandoval Vallarta (Rodríguez Díaz, 1992, pp. 209-210). Este proyecto significó una de las continuidades entre el IML y la asociación debido a la permanencia de Guzmán en la presidencia de ambas instancias.

En concordancia, entre 1946 y 1947 se decidió premiar a Carlos González Peña y a Ignacio Chávez (Informe esquemático de labores del IML, 1950). Pero entre 1948 y 1952 se interrumpió la celebración del premio. Esto pudo deberse, a partir de la documentación disponible (1953), a cuestiones como la preeminencia de las problemáticas comerciales con España y Argentina y a las limitaciones económicas que tenía el organismo. Por ello se decidió en 1953 retomarlo bajo un nuevo nombre, como Premio de Ciencias y Letras “Instituto Mexicano del Libro”, a partir de la necesidad de marcar una diferenciación entre premios como una forma de justificar la carencia de fondos para cubrir las remuneraciones de los años en que no se otorgó.

Esta decisión causó fricciones al interior del organismo, pues dio lugar a una polémica promovida por Martín Luis Guzmán —quien al parecer dejó la presidencia del IML en 1951 por presiones del gremio, sin dar término a su segundo periodo—, a partir de las distintas publicaciones gestionadas por su empresa EDIAPSA, como Tiempo o Novedades, que criticaron el cambio de título como una deshonra para Ávila Camacho (1953). Lo que se reforzó por una carta que Guzmán publicó en diversos medios, donde atacaba precisamente el cambio de nombre, aun cuando reafirmaba su “respeto” por la persona de Jesús Silva-Herzog, presidente del IML durante esta polémica (1953). A pesar de las críticas, el premio prosiguió con su nuevo nombre, al otorgarse en 1952 a Alfonso Caso y en 1953 a Alfonso Reyes. Además, como una forma de confirmar simbólicamente la vinculación con la figura presidencial que tenía el premio, en las notas periodísticas sobre el anuncio se aseguraba que el premio sería entregado a los galardonados de manos del Presidente Adolfo Ruíz Cortines (1953).¹

Este último caso permite comprender como la relación con la estructura estatal mexicana también fue utilizada como moneda de cambio dentro de las disputas que se cernieron al interior del gremio editorial mexicano. Por ello, es posible considerar que el vínculo con el Estado y su figura representativa por excelencia, el presidente de la república, resultaban un elemento de legitimidad que permitía a quienes estaban a frente del IML, como Silva-Herzog o Guzmán, posicionarse frente al campo y ejercer de mejor forma sus labores.

Conclusiones

La constitución del IML en 1947 puede ser entendida como un primer paso por parte de los actores de la industria editorial mexicana para tratar de conjuntar y organizar las fuerzas a su disposición para fortalecer su posición frente al Estado mexicano y a los agentes de la edición externa. Esto se centró en mediar ante la estructura gubernamental mexicana para tratar de dirimir soluciones y recomendaciones ante problemáticas específicas de la producción y comercialización librera, además de defender los intereses de la edición mexicana en los mercados externos y ante las editoriales externas.

El peso estructural que tuvo el Estado mexicano como interlocutor en la búsqueda de soluciones a muchas de las problemáticas que enfrentaron los editores, libreros y distribuidores durante estos años, tales como los conflictos comerciales en países como España o Argentina o la gestión de exenciones arancelarias para la importación de papel, dan muestra de la importancia que tuvo para los profesionales del libro el reforzar y atender esta conexión institucional. Para ello, la selección de los perfiles dirigentes que lideraron la organización durante estos años, como Guzmán, Silva-Herzog o Reyes Heroles, editores pero también abogados o funcionarios públicos que disponían de importantes conexiones políticas con diversas esferas gubernamentales, tuvo como propósito aprovechar dichas vinculaciones para facilitar la gestión y resolución de los problemas en favor de la industria nacional.

Por ello es evidente la realización de acciones que tuvieron como objetivo resaltar públicamente la vinculación entre industria y Estado, a partir del establecimiento de canales de cooperación y reconocimiento, tales como la realización de ferias y muestras bibliográficas o la celebración de un premio institucional con el nombre de un expresidente de la república. Pero estas acciones no acotaron del todo el espacio de acción que tuvieron los actores de la industria editorial para levantar la voz cuando sus intereses y objetivos se vieron amenazados, sino que interpelaron a la estructura estatal para tratar de negociar y llegar a acuerdos que permitieran un beneficio para la producción bibliográfica nacional, aunque en ocasiones no se obtuvieron los resultados estimados. A partir de esto es posible plantear la hipótesis de que la vinculación entre industria y aparato estatal forjó una especie de simbiosis gestionada por el IML, donde los miembros de la estructura dirigente y diversos sectores del gremio con vinculaciones importantes —como los editores del FCE— se convirtieron en los administradores de dicha relación.

Pero también la formación y operación del organismo se asocia con un proceso de reorganización al interior del gremio editorial mexicano para construir consensos frente a los retos que se les presentaban, y de esa forma empujar con mayor fuerza en la lógica de contrapesos de la negociación política y empresarial de la época. La desaparición de organizaciones previas como la Cámara Mexicana el Libro o la Asociación Mexicana de Editores y Libreros para dar origen al IML puede ser visto como parte de los reacomodos al interior de una industria en pleno crecimiento, donde era necesario conciliar las posturas para plantear un frente en común ante las amenazas que ponían en riesgo su crecimiento y expansión comercial, sobre todo frente a los actores externos.

En esto es necesario situar el IML como un espacio de disputas y exclusiones al interior de la industria editorial nacional con sus alcances y limitaciones. Ante el proceso de transformación e industrialización que se vivía al interior del campo de la edición nacional, este organismo priorizó la protección y fortalecimiento de esta emergente industria. Esto es visible tanto en la tónica que guardó la relación entre Estado y el IML, así como el hecho de que la mayoría de los miembros que tuvo el organismo durante los años estudiados estaban afincados en la Ciudad de México, lugar que concentraba a buena parte de las editoriales “industriales”. Esto se refuerza por el hecho de que, dentro de la documentación revisada no fue posible encontrar un esfuerzo por parte de los directivos de la organización por integrar a las librerías o editoriales asentadas en el interior de México.

A partir de esto es plausible lanzar la hipótesis de que el IML, a pesar de la versatilidad por adaptarse a diversos modelos de la producción librera que existían en el país, en sus cimientos representó también un proyecto de modernización surgido de las principales editoriales del país que priorizó un modelo de impresión y comercialización de carácter industrial, donde aquellas pequeñas librerías o imprentas, que predominaban en gran parte del territorio nacional, quedaban fuera de las prioridades de la organización. Esto también puede ayudar a explicar el hecho de por qué no todos los talleres, librerías o distribuidores se afiliaron desde un inicio al IML, ante la preponderancia y la posible cooptación del poder que los grandes actores de la industria mantuvieron al interior, lo que frenó o limitó la voz de los pequeños actores del ecosistema del libro de la época.

Fuera de las labores de la edición, es posible señalar que el IML también fungió como un espacio de negociación y reivindicación política que estrechó la vinculación entre el Estado mexicano y la creciente industria nacional durante los años finales de la década de 1940 e inicios de la de 1950. La presencia de actores como Guzmán, Silva-Herzog o Reyes Heroles, así como la exaltación que por momentos se hizo de la figura presidencial al nombrar a un premio con su nombre —en el caso de Manuel Ávila Camacho— son muestra de cómo la organización sirvió como espacio de vinculación política, para permitir la obtención de favores en el afianzamiento de iniciativas de producción económica.

Estos factores permiten comprender al IML como un organismo que, a la par de la CAL o la SAE en el caso argentino o el INLE, buscaron establecer puentes entre el ecosistema del libro nacional y el aparato estatal de cada país. En el caso mexicano, la construcción de ese vínculo no significó una subordinación explícita a la estructura gubernamental, como sucedió en el caso español, sino que se pretendió una colaboración estrecha, pero independiente, aunque en ocasiones se tensionara ese marco de acción.

A pesar de estos planteamientos, resulta necesario atender otras potenciales fuentes documentales que permitan profundizar en el funcionamiento del IML más allá del periodo estudiado, con el fin de ahondar en sus labores, la forma en que los agremiados participaron de ellas, la capacidad de negociación que tuvieron las sucursales y las agencias distribuidoras de libros extranjeros dentro el organismo, la vinculación con otras industrias e instancias relacionadas con la producción, circulación, venta y consumo del libro, tales como bibliotecas públicas y privadas, organismos gremiales extranjeros, agencias publicitarias, medios impresos, instituciones educativas, entre otras. Para ello, acervos como el Fondo Martín Luis Guzmán, que resguarda el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, o la documentación disponible en el Archivo Histórico del FCE podrían otorgar luces al respecto. A su vez, el seguimiento de las actividades de la corporación a través de la prensa de la época podría permitir conocer en detalle la proyección pública que tuvo, así como las eventualidades en las que participaron sus agremiados o sus directivos.

Fuentes documentales

Acta de la Asamblea General de la sección de libreros del IML, efectuada el 21 de junio de 1952 (1952a). Jesús Reyes Heroles: DCXIX 38.28 (Carpeta 38, legajo 28, 2 fojas). Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México.

Acta de la Asamblea General del IML, efectuada el 25 de junio de 1952 (1952c). Jesús Reyes Heroles: DCXIX 38.29 (Carpeta 38, legajo 29, 4 fojas). Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México.

Acta de la Asamblea General del IML, efectuada el 12 de agosto de 1952 (1952b). Jesús Reyes Heroles: DCXIX 38.30 (Carpeta 38, legajo 30, 10 fojas). Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México.

Acta de la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica del 17 de febrero de 1949 (1949a). Junta de Gobierno (Libro 1948-1949). Archivo Histórico del Fondo de Cultura Económica.

Acta de la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica del 28 de octubre de 1949 (1949b). Junta de Gobierno (Libro 1948-1949). Archivo Histórico del Fondo de Cultura Económica.

Convenio en Argentina para el pago de libros y revistas. Acuerdos de la Secretaría de Economía (1952). Jesús Reyes Heroles: DCXIX 38.32 (Carpeta 38, legajo 32, 33 fojas). Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México.

Correspondencia General. Instituto Mexicano del Libro (1950). Jesús Reyes Heroles: DCXIX 38.10 (carpeta 38, legajo 10, 160 fojas). Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México.

Elección de miembros del Consejo Ejecutivo: curriculum vitae, Sr. Jesús Reyes Heroles (México) (1983). Unesco.org. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000153233

Estatutos del Instituto Mexicano del Libro (1947). Jesús Reyes Heroles: DCXIX.13.27 (Carpeta 13, Legajo 27, 252 fojas). Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México.

Informe de las actividades del IML de mayo de 1951 a mayo de 1952 (1952). Jesús Reyes Heroles: DCXIX.38.14 (Carpeta 38, legajo 14, 22 fojas). Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México.

Informe esquemático de labores del IML 1947-1950 (1950). Jesús Reyes Heroles: DCXIX.37.7 (Carpeta 37, Legajo 7, 75 fojas). Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México.

Listado de socios del IML (1948). Jesús Reyes Heroles: DCXIX. 15.2 (Carpeta 15, Legajo 2, 172 fojas). Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México.

Mesa directiva del Instituto Mexicano del libro 1950 (1951). Jesús Reyes Heroles: DCXIX 38.10 (Carpeta 28, Legajo 10, 160 fojas). Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México.

Pleno y directorio general del IML (1952). Jesús Reyes Heroles: DCXIX.15.13 (Carpeta 15, legajo 27, 11 fojas). Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México.

“Premio Instituto Mexicano del Libro" en lugar del Manuel Ávila Camacho (1952). Jesús Reyes Heroles: DCXIX 15.40 (Carpeta 15, Legajo 40, 113 fojas). Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México.

Socios que ingresaron al IML, a partir de mayo de 1951 (1952). Jesús Reyes Heroles: DCXIX 15.15 (Carpeta 15, Legajo 15, 86 fojas). Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México.

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Notas

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