Notas para el debate

Políticas culturales y de información en el gobierno de La Libertad Avanza. El caso de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Argentina)

1. Introducción

El 10 de diciembre de 2023, Javier Gerardo Milei, candidato de La Libertad Avanza (LLA), asumió como presidente de la República Argentina en la instancia del balotaje con el apoyo de la Alianza Cambiemos, lo que significó un nuevo giro en la política nacional. En ese marco, este trabajo propone una reflexión en relación a las políticas públicas desplegadas por el Poder Ejecutivo en materia de información y cultura, con especial énfasis en las que impactaron sobre la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). El objetivo del trabajo es explorar la incidencia de estas medidas desde el prisma del acceso y ejercicio de los derechos humanos, particularmente el derecho al acceso a la información y los derechos culturales. El texto está estructurado en tres partes: en la primera, se articulan conceptualmente las ideas de políticas de la información y políticas culturales, revelando sus implicancias en el acceso y ejercicio de derechos. En la segunda parte se desarrollan las principales medidas que se implementaron desde LLA en estas áreas, y en la tercera, se focaliza en el impacto específico que tuvieron en la CONABIP. Finalmente, es preciso aclarar que este trabajo pretende sólo sentar un precedente de análisis sobre el tema, que deberá ser luego profundizado, tanto en su abordaje teórico como de selección de casos.

2. Políticas públicas de la información y la cultura: una alianza conceptual

En su acepción tradicional las políticas de información comprenden “el acceso y utilización óptima de conocimientos especializados y profesionales, información científica, técnica, social y económica, además de técnicas desarrolladas o disponibles en el país o en otras partes del mundo como recurso destinado a resolver problemas para el desarrollo en todos los sectores de la sociedad” (Montviloff, 1990, p. 13). Esta definición se ha visto superada en los últimos 20 años a la luz de análisis que comprenden que el acceso a información es un derecho humano y que el Estado debe tener un rol activo garantizando su acceso y accesibilidad. Tanto en el plano individual como en el colectivo, la información puede considerarse un bien sí misma (como en el caso de la información personal) o un medio o instrumento para el ejercicio o exigibilidad de otros derechos, como el acceso a la educación, a la salud o a la cultura (Abramovich & Courtis, 2000).

En este sentido, las políticas públicas culturales (PPC) constituyen un marco de acción positiva donde el Estado puede contribuir al desarrollo de individuos y colectivos. Se las puede definir como el conjunto de acciones (u omisiones) que intervienen en el campo de la cultura y a partir de ellas se articulan diversos actores del sector gubernamental, el sector privado y el comunitario. Su complejidad radica en la naturaleza de los derechos culturales que las mismas garantizan, en tanto estos derechos son el resultado de un entramado de sentidos que produce (y es producido por) el lenguaje. En este sentido, las disputas en el terreno de la construcción cultural, la comunicación y la información se dan continuamente y se retroalimentan en el hacer cotidiano (Cordero Durán, 2018), por lo que las PPC deben favorecer las condiciones de posibilidad para el ejercicio de estos derechos en todas sus dimensiones y de manera integral. Es clave para ello la noción de cultura que los gobiernos y la sociedad sostengan en un momento dado ya que las PPC están sustentadas por determinados paradigmas (García Canclini, 1987) que habilitan o clausuran su acceso, el grado de participación de la sociedad y vehiculizan sentidos sobre la cultura más amplios o más restringidos. Será posible advertir hasta aquí que las PPC son un terreno de luchas por el poder donde se dan mediaciones entre lo cultural y lo político (Logiódice, 2012).

Finalmente, en relación con los propósitos de este trabajo, es importante señalar que las políticas de la información y la cultura permiten dilucidar aspectos centrales sobre los marcos político-ideológicos de los modelos de gestión estatal que sustentan las iniciativas de los gobiernos, sus concepciones de información, comunicación y cultura, así como los aspectos simbólicos que configuran sus ideas respecto al ejercicio de los derechos en estas áreas. Asimismo, en el caso particular de las políticas públicas en Argentina, la CONABIP, puede ser tomada como un caso testigo de estas luchas por su carácter singular como institución que participa desde su creación de los idearios de la fundación del Estado Nación, y que ha sido parte a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI de la trama de las políticas públicas articulando al Estado y a la sociedad civil.

3. La Libertad Avanza en la regresión de derechos

A pocas semanas de la asunción de Milei, Zamorano (2024) señalaba las consecuencias que estaba teniendo la reciente política “anarcocapitalista” asumida por Milei en las políticas culturales públicas y en el consumo cultural. Las primeras medidas de LLA tuvieron un impacto directo en las PPC con la desjerarquización del ministerio a secretaría y la presentación del proyecto "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" (Ley Nº 27.742/2024). Estas reformas instrumentaron recortes estructurales en el ámbito del acceso a la información y a la comunicación, la producción y el consumo de contenido audiovisual y el sector editorial.

En lo que respecta al acceso a la información, esta se vio afectada en las condiciones de accesibilidad. Autores como Krakowiak & Bizberge (2025), Longo, De Toni & Segura (2025) analizaron el derrotero de las políticas públicas de la comunicación e información implementadas durante el primer año del gobierno de LLA. A partir de reformas estructurales en el organigrama estatal y la actuación por medio de decretos, las acciones incluyeron: la intervención de medios públicos nacionales (Decreto 117/2024) -como la agencia de noticias Télam, Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos, el portal Educ.ar, entre otros-, la intervención y desregulación del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM) (Decreto 89/2024). El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 elimina el límite en la propiedad de licencia de los grandes medios y libera la prestación de prestación de servicios satelitales (Longo, De Toni & Segura, 2025).¹ Durante el 2024 y parte del 2025 se promulgaron otros DNU y normativas tendientes a desregularizar los servicios de telecomunicaciones y generar, simultáneamente, instancias de control que dependan directamente del Ejecutivo: se derogó el DNU 690/2020 que declaraba a los servicios de internet y telefonía como servicios esenciales, se suspendió la pauta oficial en medios de comunicación y plataformas (Decreto 89/2023). Las autoras y los autores coinciden en señalar que las medidas avanzaron en beneficio de los mercados y los grandes conglomerados mediáticos. Las acciones en el campo de la información y la comunicación impactaron con mayor crudeza en los sectores comunitarios y locales, en tanto se paralizaron las entregas del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), se eliminó la Resolución 1.491/20 (ENACOM, 2020), que obligaba a las empresas de cable a incluir señales de TV locales en sus grillas y se frenaron los aumentos de las asignaciones al Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet en Villas y Asentamientos del Registro de Barrios Populares (RENABAP) y el Programa “Roberto Arias” para el Desarrollo de Infraestructura de Internet a través de Redes Comunitarias (Longo, De Toni & Segura, 2025).

En cuanto al marco legal de la Ley de Información Pública (Ley 27.275), que tiene por objeto garantizar el derecho al acceso, promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión, fue modificada por el Decreto Nº 780/2024, el cual alteró el primer artículo donde se define lo que se entiende por información pública e impuso la figura del abuso de derecho (art. 10 del Código Civil y Comercial) a quienes el Estado considere que solicita información pública de “mala fe”. Así, puede ser rechazado el pedido de solicitud e incluso perseguir judicialmente a la persona. Otros artículos, como el 2 o el 8, limitan también el alcance conceptual de información pública y reducen las posibilidades legales del acceso, ampliando la discrecionalidad a la hora de denegar el acceso (Charras et. al, 2024).

En el ámbito de la producción audiovisual, un organismo que se vio afectado fue el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). El capítulo 3 de la llamada Ley Ómnibus planteaba la modificación de la Ley de Cine (Nº 17.741) específicamente en su financiamiento. El documento omite el 25% de recaudación que recibe del ENACOM, por lo que su principal fuente de ingresos pasaría a ser el impuesto del 10 por ciento a las entradas que pagan los espectadores. Además, las salas ya no deberían cumplir con cuotas de pantalla para películas nacionales; se propuso la reducción del Consejo Asesor de once a ocho miembros, que serían designados a discreción por el director del organismo. No habría más adelanto de subsidios, y los créditos serían otorgados por un banco a tasas de mercado. La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) seguiría existiendo solamente si las autoridades del INCAA así lo determinaran. Estas medidas llevaron a una paralización del organismo, a una disminución de sus actividades y congelamiento de sus proyectos. En esa línea, a través del Decreto 662/2024 se eliminó la "cuota pantalla" que garantizaba la exhibición de películas nacionales en salas comerciales del país y también afectó la llamada "media de continuidad" que permitía que los largometrajes argentinos continuaran en cartelera si superaban cierto público.

Además, en marzo de 2025, a través del decreto Nº 194/2025 se oficializó la transferencia de las plataformas CINE.AR, CINE.AR PLAY y CINE.AR ESTRENOS - que estaban bajo la órbita del INCAA - a Contenidos Artísticos e informativos S.A. Unipersonal, una dependencia política que funciona en la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, a cargo de Daniel Adorni.² Este traspaso incluye la titularidad de derechos, bienes, presupuesto y personal afectado a dichas plataformas.

En relación con la actividad editorial, la Ley Bases planteó originariamente la derogación de la Ley Nº 25.542 de precio de uniforme de venta al público de libros (PVP), lo que perjudicaba a muchas editoriales chicas en favor de los grandes monopolios del mercado de la venta de libros. Al igual que otras modificaciones, esta medida fue resistida exitosamente desde el sector editorial y cultural. En mayo de 2025, el Poder Ejecutivo publicó los DNU Nº 345 y Nº 346, que proponían el cierre, la centralización y la fusión de más de 40 organismos e instituciones culturales públicas. Se vieron afectados el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Teatro, la Comisión Nacional de Museos, la Comisión Nacional de Lugares y Bienes Comunes y los Institutos Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas y la CONABIP. Cada uno de estos organismos mantuvo sus acciones de reclamo en el ámbito público con la movilización y resistencia de los trabajadores y las trabajadoras.

De manera concurrente, estas acciones del Poder Ejecutivo en el ámbito de gobierno se acompañaron con un ataque sistemático a personas e instituciones en el plano del discurso, lo cual resultó un complemento útil a las decisiones sobre desfinanciamiento, reestructuración del organigrama con la consecuente pérdida de jerarquía en el nivel ministerial, los despidos y jubilaciones compulsivas de empleados del sector cultural. Como ocurriera en la gestión de la Alianza Cambiemos,³ la Biblioteca Nacional Mariano Moreno fue, por su carácter de institución de referencia para las PPC, objeto de particular asedio. Con la asunción de la nueva gestión se produjeron 120 despidos a la vez que se aplicó una reconfiguración y achicamiento de sus áreas internas. Dentro de las acciones de ataque a la cultura, sus miembros y organizaciones se encuentran ante experiencias de censura, estigmatización de artistas y monumentos,⁴ así como la posición de enfrentamiento con determinados eventos y producciones artísticas, el cierre de espacios culturales y de memoria.⁵ Si bien en gestiones anteriores el achicamiento del Estado se justificó por la reducción de gasto público y se basó en argumentos en favor de la eficiencia del Estado, la gestión de Milei mostró un ataque específico a personas y espacios culturales a través de la generación de sospecha de corrupción y acusaciones directas de ser organismos de propaganda de la “izquierda”. Un caso testigo fue el despido del Director del Museo Histórico Nacional (MHN), el Dr. Gabriel Di Meglio.

Por último, es importante señalar que el sector cultural comunitario se vio particularmente afectado por el desmantelamiento de programas nacionales emblemáticos como el de Puntos de Cultura, cuya actividad fue ininterrumpida desde su creación en el año 2011. La quita de subsidios a la luz y a otros servicios esenciales y programas como Práctica (Primera Actividad Temporal Inclusiva de Capacitación Laboral), un programa que brinda un primer empleo en condiciones formales a jóvenes entre 18 y 24 años, para trabajar en tareas de atención al público en instituciones culturales de todo el país, fueron medidas que afectaron el sosteniendo de espacios autogestivos.⁶

A su vez, desde el inicio de la gestión se detentó una posición conservadora respecto a la nueva agenda social o de derechos, como lo vinculado a la temática de género y los impactos del cambio climático. Carmona & Serafinoff (2025) señalan que, simultáneamente, se estimularon discursos negacionistas sobre a la violación de los derechos humanos en la última dictadura militar, lo que se expresó, por ejemplo, en el desmantelamiento y desfinanciamiento del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” en el predio de la Ex- Esma y en la negativa a participar del Estado Argentino del Pacto Futuro en el ámbito de la ONU (2024) decisión que tuvo importantes implicancias políticas para el país.

La sociedad civil no fue indiferente a estas medidas y las reacciones del sector cultural pueden rastrearse en expresiones masivas y federales como el Cacerolazo cultural en enero de 2024 en distintas plazas del país con manifestaciones artísticas y ruidazos,⁷ como en discursos proclamados en los recintos del Congreso⁸ o durante la entrega de premios a distintos artistas que procuraron visibilizar la situación de la cultura a nivel internacional.⁹

El repaso por las principales medidas de la gestión de LLA revela que, en líneas generales, las nuevas regulaciones estuvieron destinadas a eliminar la autarquía de los organismos para volverlos centralizados y dependientes del Poder Ejecutivo, reducir los presupuestos y las plantas de trabajo, reorganizar las estructuras internas eliminando las instancias federales y de amplia representación del sector dentro de los concejos directivos que solían elegirse por concurso público. Asimismo, la reacción de la sociedad a través de diferentes agrupaciones y colectivos reveló la intensa disputa en torno a la importancia de las políticas de la información y la cultura, y el rol de Estado para garantizar no solo derechos humanos como el acceso a la información y la cultura, sino también que se las consideró indispensable para el desarrollo de la ciudadanía en el plano económico y político. Como se verá con mayor detalle a continuación, estas acciones afectaron a un organismo fundamental para pensar la trama de políticas culturales en el país, nos referimos a la situación de la CONABIP.

4. El caso de la CONABIP: las bibliotecas populares en la encrucijada cultural

La CONABIP fue creada en 1870 mediante la Ley 419. En sus orígenes, de acuerdo con el proyecto del entonces presidente de la nación Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), las bibliotecas populares buscaron contribuir en la formación de un amplio lectorado como parte de las estrategias de modernización y consolidación del Estado-Nación argentino (Planas, 2017). La Ley 23.351 de bibliotecas populares, promulgada en 1986, refuerza las funciones de la biblioteca popular y de la CONABIP, aclarando, en su artículo 2, que las mismas deben promover la difusión de la cultura y la educación permanente del pueblo. A partir de entonces serán beneficiarias de tarifas reducidas en servicios que presta el Estado, subvenciones para el aumento del caudal bibliográfico, mantenimiento de las instalaciones, remuneración y capacitación del bibliotecario/a.

Durante la gestión de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007), la CONABIP se incluyó en el presupuesto nacional, lo que implicó una mayor distribución de sus recursos por primera vez en su historia. En esta gestión, la entidad fue designada por la Secretaría de Cultura como representante del país ante el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), lo que le dio un rol destacado en las políticas del libro y la lectura, así como la posibilidad de incidir en el ecosistema editorial. Como planteamos en un trabajo anterior (Aracri & Fernández, 2022) a través del programa como Libro% —que buscó democratizar el acceso al libro y fomentar la bibliodiversidad—, la CONABIP tuvo un impacto en el mercado a través de las compras descentralizadas y los subsidios para bibliotecas populares en las compras de la Feria Internacional del Libro.

Por lo dicho, se comprende que la CONABIP ha sido un organismo fundamental para el sostenimiento de las más de 1500 bibliotecas populares que hay en Argentina y su rol supera el de la promoción de la lectura y el libro extendiéndose a múltiples iniciativas que impactan de lleno en el acceso y el ejercicio de derechos culturales.¹⁰

Como se señaló en el apartado anterior, el Decreto Nº 345/25 propuso, entre otras cosas, eliminar el carácter autárquico de la CONABIP degradándolo al rango de dirección dentro del Ministerio de Capital Humano. Con esta medida se reduce la representación federal de las bibliotecas ya que la designación los representantes no sigue un criterio por provincia sino que queda al arbitrio y criterio discrecional de la Secretaría de Cultura. Se ve afectado también su financiamiento y, por lo tanto, su capacidad de intervenir en el diseño y la ejecución de políticas públicas para las bibliotecas populares de todo el país. El Decreto, además, vulnera la Ley 23.351 porque se desconoce el marco legal que garantiza el financiamiento de las bibliotecas populares, eliminando beneficios impositivos y financieros y reduciendo la cantidad de categorías en las que se clasifican las bibliotecas. La derogación del Fondo Especial para Bibliotecas Populares (el cual se componía del 0.5% del gravamen de la recaudación de impuestos sobre los juegos de azar tradicionales) y se reduce la estructura del Programa Libro %. En ese sentido, la normativa motoriza una distribución discrecional de los recursos

En el mes de mayo de 2025 se conformó la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados de la Nación que dio tratamiento a los artículos del decreto. Allí se expresaron, en defensa de la CONABIP, representantes de la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires, Confederación de las Bibliotecas Populares de la Nación, integrantes de la Comisión directiva de la Biblioteca Popular de Carlos Keen y Biblioteca Popular “Cornelio Saavedra” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también trabajadores de la CONABIP y de sindicatos y agrupaciones como Bibliotecas Populares en Lucha, quienes solicitaron a los diputados y las diputadas que se expidan por el rechazo y derogación de la medida con diversos argumentos. Las exposiciones recuperaron la historia del organismo como parte del ideario liberal de la generación del ´80 al que se reconoce como una política pública de largo aliento y ejemplar. También se hizo hincapié en cada intervención que el rol federal, descentralizado y participativo ha sido clave para el sostenimiento de las bibliotecas populares en todo el territorio en la tarea fundamental de garantizar el acceso al conocimiento, pero también que asume en contextos vulnerables funciones sociales y educativas. A su vez, se señaló en las exposiciones que los ataques a la CONABIP con argumentos que hablan de ineficiencia y falta de transparencia son falacias que apuntan a deslegitimar a una política pública cultural que como pocas se basa en la relación virtuosa entre Estado y sociedad civil.

Por contraparte, la voz de la gestión quedó registrada en los dichos de la diputada por LLA, Alida Mónica Ferreyra, quien sintetizó el sustento ideológico de las medidas del gobierno en materia de PPC. La funcionaria equiparó al organismo con el funcionamiento de los sindicatos, habló de la estructura como una carga impositiva innecesaria para los ciudadanos y finalmente recayó en la manida idea de que “si la cultura necesita de Estado no es cultura, es propaganda”. Luego de las manifestaciones del sector cultural en general, y bibliotecario en particular,¹¹ el Congreso declaró la nulidad de la propuesta del Ejecutivo el 3 de septiembre de 2025, a través del decreto 627/25.

Más allá del revés del decreto, la situación que atraviesan las bibliotecas populares en la actualidad es problemática, ya que la multiplicidad de medidas implementadas por LLA impactaron de lleno en las dinámicas cotidianas de estas instituciones que ya se encontraban previamente en un estado de precariedad. Por ejemplo, las instancias de intervención tradicionales de las bibliotecas populares en eventos como la Feria Internacional del Libro bajó su participación en aproximadamente un 36%, en tanto se recortaron los fondos que eran brindados para estadía y viático de dos personas, a una sola. Además, se complejizaron las exigencias para la rendición de cuentas¹² y, según afirmó el Sindicato de Trabajadores Bibliotecarios de Argentina, se redujo alrededor de un 50% su personal.¹³ Todos estos pueden considerarse estrategias de desgaste y desmantelamiento de la CONABIP y de las bibliotecas populares, a las cuales se suma el contexto generalizado de desempleo, precarización laboral, aumento de servicios, desregulación y parálisis de los servicios sociales, cuestiones que impactan en las dinámicas sociales y la actividad de las instituciones culturales que están más cercanas a las comunidades, como son las bibliotecas populares.

Reflexiones finales

Lo visto a lo largo del trabajo hace posible afirmar que las medidas que se han implementado hasta el momento desde LLA buscan deslegitimar y anular derechos conquistados, a la vez que obstaculizar los intentos por avanzar en otros nuevos. Los derechos humanos vinculados a la información y la cultura fueron un blanco de ataque de esta nueva gestión, a partir de una multiplicidad de estrategias que, en muchos casos, se valieron de los instrumentos del propio Estado. Las reorganizaciones de oficinas, estructuras administrativas y organigramas evidencian achicamientos que no sólo implicaron despidos sino también la concentración de poder en manos del “grupo chico” del Ejecutivo, principalmente de áreas estratégicas como la de Comunicación. En ese sentido, los decretos y legislaciones libertarias vulneran el derecho a la información a partir de la creación de mecanismos de discrecionalidad, los cuales han intentado implementar en diversas instituciones culturales también (como el Instituto Nacional del Teatro y la CONABIP), pero no lo han logrado gracias a la resistencia de diversos sectores.

Otro impacto directo es el cambio de agenda de la gestión, donde se descartan temas estrechamente vinculados al acceso a derechos, como la desigualdad de género o el cambio climático, a la vez que se reducen los reductos de participación en todos los organismos que contaban con estructuras de intervención ciudadana. Esta nueva institucionalidad libertaria vulnera, además, las legislaciones que protegen el patrimonio y la diversidad de voces, alentando discursos de odio y negacionismo, con especial escarnio en la discusión respecto de la última dictadura cívico militar argentina. En este punto se halla el ataque directo del derecho a la preservación y la construcción de la memoria, eje fundamental de la identidad de las comunidades y del patrimonio colectivo. Como en otros períodos de la historia argentina, las bibliotecas populares, entidades que procuran garantizar el acceso a la cultura y a la educación en todo el territorio nacional, son muy sensibles a los avatares de la política pública. En momentos de retracción del Estado políticas de ajuste como los recortes de presupuesto a la cultura, la suspensión de subsidios y la discontinuidad de programas concurrentes trasladan los costos de mantenimiento y de provisión de insumos e infraestructura a la sociedad civil. El resultado de estas transformaciones podría ser el de un cuantioso, pero no registrado, número de bibliotecas populares que cierran sus puertas.

De este modo, la CONABIP condensa varios ejes de análisis y permite ver las dinámicas y las estrategias que la LLA desplegó en torno a las instituciones culturales y de información, donde se articula una mirada política-ideológica de la gestión que presenta similitudes, pero también particularidades respecto de otros períodos regresivos en materia de PPC e información. Esta mirada fue contrarrestada por organizaciones de la sociedad civil y sus argumentos quedaron registrados y sintetizados en la comisión de cultura de la cámara de diputados donde se solicitó el rechazo al decreto restaba autonomía y el carácter federal de una de las más antiguas y ejemplares políticas públicas de nuestro país. La estigmatización del trabajo estatal en el plano simbólico procuró justificar el desfinanciamiento del organismo corriendo la mirada sobre el impacto que esto tiene en el sector comunitario. Por otro lado, se procuró desarmar una forma particular de política pública cuya estructura federal permite la participación y la distribución de recursos de acuerdo a las realidades de cada territorio. En este sentido, el ataque de las medidas de orden estructural no fueron un simple reordenamiento de las estructuras administrativas sino un embate directo a las bibliotecas populares y al vínculo que encarnan con las comunidades, a la diversidad cultural, la preservación del patrimonio y el fortalecimiento de lazos sociales y en última instancia a la identidad nacional.

Roles de colaboración:

Clarisa Inés Fernández: Escritura, revisión y edición.

Alejandra Aracri: Escritura, revisión y edición.

Fuentes documentales

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Referencias

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Notas

Recepción: 10 Diciembre 2025

Aprobación: 28 Febrero 2026

Publicación: 01 Abril 2026

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