Dosier

Entre el coleccionismo y la herejía. Los libros prohibidos del padre Benavides (1801-1881) resguardados en Universidad Autónoma de Nuevo León, México

1. Introducción

Durante el periodo comprendido por los años 1821 y 1855, México fue un Estado confesional, cuya religión oficial era el catolicismo. En consecuencia, se estableció un régimen censorio, el cual facultó a los gobiernos diocesanos para determinar qué impresos atentaban contra la fe profesada por la nación y, por lo tanto, debían prohibirse. Tal labor fue ardua e ineficaz por múltiples razones, entre ellas: 1) La libertad de imprenta se consolidó como un derecho fundamental desde el nacimiento del país, de modo que numerosas personas utilizaron la prensa para opinar sobre las prácticas del clero, pues ello contribuía –desde su perspectiva– a depurar la religión de elementos corruptos. En vano, el sector eclesiástico intentó frenar los anhelos por escribir mediante edictos prohibitivos. 2) En la primera mitad del siglo XIX se configuró una red de libreros y editores interesados en el mercado de habla hispana, "establecidos en distintos puntos de Francia –París, Bordeaux, Toulouse, Perpignan, Marseille, Montpellier–, de España –Madrid, Gerona, Valencia, Coruña– y de Inglaterra –Londres– e incluso de Estados Unidos –Filadelfia, Nueva York” (Suárez de la Torre, 2011, p. 480); estos personajes propiciaron la circulación de numerosos títulos que incomodaron a la Iglesia mexicana. 3) Aunque el público que leía constantemente las novedades impresas era relativamente pequeño, estaba compuesto por individuos vinculados al poder político y la alta jerarquía de los obispados. Baste mencionar que hombres de la talla de Lucas Alamán y Fray Servando Teresa de Mier fueron lectores de textos prohibidos (Staples, 2010).

Entre los clérigos decimonónicos que poseyeron libros prohibidos figuró José Ángel Benavides (1801-1881). Este personaje nació y desarrolló su trayectoria tanto eclesiástica como política en Nuevo León. Ingresó en 1810 al Seminario de Monterrey; donde estudió derecho civil y eclesiástico. En 1830 fue teniente de cura de la catedral de Monterrey y en 1831 defensor del Jugado de Obras Pías, a la vez que promotor de fiscal. El 22 de enero de 1835 recibió en propiedad el curato de la catedral, que tuvo a su cargo hasta 1837, año en el que se hizo cargo de la secretaría del Seminario. En 1838 recibió el grado de licenciado y el 29 de julio el de doctor, ambos por la Universidad de Guadalajara. Nuevamente fue designado cura de la ciudad de Monterrey en 1848, ejerciendo el cargo hasta el 15 de julio de 1850. El 28 de mayo de 1851 fue electo como vicario capitular de la mitra. En 1851 fue diputado del congreso de Nuevo León y en 1855 fungió como gobernador del obispado (González Maíz, 2003). A finales de los años cincuenta se involucró en un motín promovido por Antonio Caballero en la villa de Santiago contra las leyes de Reforma y el gobernador Vidaurri. Murió el 14 de octubre de 1881 en la hacienda de la Purísima en Allende, siendo arcediano de la catedral, donde fue sepultado (Cavazos Garza, 1984).

Benavides es un personaje escasamente estudiado por la historiografía de Nuevo León.¹ Localizar información sobre el personaje es difícil; mucho más complicado resulta encontrar análisis históricos sobre él. Por fortuna, se conoce una parte del contenido de su biblioteca, con la cual se conformó, primero, la Biblioteca Pública del Estado (1882-1951), después, el fondo de origen de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Nuevo León (1952-1981; renombrada como Biblioteca Universitaria Alfonso Reyes a partir de 1956) y posteriormente la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías (en adelante, BURRF) de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fundada en 1995 (Garza Guajardo, 1985). Esta colección es fundamental para entender ampliamente la incidencia de los circuitos internacionales del libro en la construcción de las culturas políticas en el noreste de México, así como para complejizar el perfil intelectual de los miembros del gobierno diocesano de Monterrey.

En este artículo se analizan los libros prohibidos que poseyó Benavides, así como también se reflexiona sobre sus posibilidades de estudio. Para cumplir con este propósito el texto se dividió en tres partes. Primero, se repara en las influencias políticas librescas de algunos eclesiásticos mexicanos de la primera mitad del siglo XIX; se señala que, del mismo modo que Benavides, múltiples clérigos leyeron obras vetadas. En la segunda sección se pormenoriza el saber sobre esta biblioteca y, por último, hacia el final, se analizan los títulos vetados del padre.

2. Los sacerdotes y la circulación de libros prohibidos en el siglo XIX

Tanto las bibliotecas como los eclesiásticos decimonónicos de Nuevo León han sido escasamente estudiados. Por ello, el clero es generalmente entendido como un bloque homogéneo, carente de crítica. Casos como el de Miguel Hidalgo y Costilla o fray Servando Teresa Mier son considerados como excepciones, o bien, se presta mayor atención a su perfil político, alejado de influencias religiosas. No obstante, desde finales del siglo XVIII el sacerdocio experimentó reformas importantes. La monarquía borbónica buscó depurar la fe de las supersticiones, con el propósito de que la religión pudiera practicarse por devoción y no por temor. Entre los ministros y funcionarios españoles prevalecía la imagen de un imperio hispánico corrupto, donde los sacerdotes eran ignorantes, así como opresivos con su grey.

Un objetivo central del reformismo borbónico era supeditar el clero a la autoridad real, para lo cual se requerían nuevas normativas jurídicas. En el marco de referencias intelectuales de los reformistas españoles dieciochescos, que se jactaban de sus ideas ilustradas, figuraban obras de católicos franceses que ensalzaban el poder monárquico, a la vez que cuestionaban las prácticas de la Santa Sede. Como ejemplos, baste mencionar los textos del abate Claude Fleury, el galicano Jacobo-Benigno Bossuet y François Fénelon, los cuales fomentaban la construcción de Iglesias nacionales que no estuviesen sujetas a las órdenes directas de Roma, sino de los reyes. Dichos textos estaban traducidos al español. Además de la literatura francesa, ejerció una fuerte influencia la obra del canonista belga Van Espen; en ella se planteaba que el papa no tenía autoridad legítima en los obispados del mundo, por lo tanto, cualquier intento de la Santa Sede de intervenir en los asuntos eclesiásticos de los Estados representaba una ambición absolutista reprobable (Connaughton 2014). Carlos Herrejón Peredo (1983) ha demostrado que, gracias a las obras del agustino Juan Lorenzo Berti, el cardenal Vicente Luis, el dominico Jacobo Jacinto Serry, entre otras, Miguel Hidalgo estaba familiarizado con las tesis de la escolástica contra la tiranía, así como con el principio de que la autoridad de los reyes había sido originariamente recibida del pueblo.

Dicho lo anterior, no es de extrañar que, en las distintas regiones de Nueva España, decenas de eclesiásticos fueran líderes o combatientes insurgentes durante la década de 1810. Hubo cuando menos 82 curas y 32 vicarios activamente apoyando las insurrecciones en ese lapso (Taylor, 2003). Los clérigos insurrectos no actuaron visceralmente; algunos eran teólogos críticos que fundamentaron filosóficamente sus acciones, como Miguel Hidalgo, Francisco Severo Maldonado, José María Cos y José Manuel de Herrera. Todos ellos conocían múltiples referencias literarias que motivaron su participación en el levantamiento armado (Ibarra González, 2010).

Una revisión somera de la biblioteca de Benavides refleja una cultura política orientada a la crítica de la disciplina eclesiástica. Ahora bien, tal y como lo han afirmado Roger Chartier y D. Roche ([1974] 1980), libro poseído no implica libro leído. Algunos eclesiásticos leyeron a autores vetados porque requerían conocerlos para criticarlos. Baste mencionar a Bernardino Cantú, quien fue doctor en teología por la Universidad de Guadalajara, vicerrector del colegio de San Buenaventura de Tlatelolco (Ciudad de México), catedrático en el Seminario de Monterrey, canónigo magistral de la catedral regiomontana, presidente de la diputación de las Provincias Internas de Oriente desde su establecimiento en Monterrey en 1814, censor eclesiástico de Monterrey en la década de 1820, amigo fray Servando Teresa de Mier, lector de Juan Antonio Llorente –el autor más vetado en el México independiente– (Cavazos Garza, 1984). Aludir a Cantú es importante para mostrar que los censores eclesiásticos no eran por antonomasia personajes fanáticos que aborrecían la lectura, como lo advirtió hace ya algunos años Robert Darnton (2014). Desde luego que se intenta romantizar la figura del censor, pero si resulta importante entender el perfil intelectual de los clérigos en su justa dimensión, hay que tener claro que tales personajes no constituían un grupo de religiosos iletrados. Así, aunque Cantú poseyó textos de Llorente, prohibió su lectura en el obispado de Monterrey a partir de 1824.

No se hallan elementos para afirmar que las prácticas eclesiásticas y políticas de Benavides estuvieron influenciadas por sus obras prohibidas. Por ahora, solo interesa comenzar a problematizar al personaje a través de su biblioteca, así como dar a conocer los libros vetados que formaron parte de su acervo, los cuales pueden ser objeto de estudio de futuras investigaciones sobre el canónigo o la Iglesia mexicana.

3. La biblioteca de José Ángel Benavides

De acuerdo con Celso Garza Guajardo (1986), la biblioteca de Benavides se compuso de 1.205 libros aproximadamente. Fue comprada por el gobierno de Nuevo León en 1882; con ella se estableció la primera biblioteca pública del estado (1882-1951). Es justo mencionar que no se ha podido localizar algún documento que pormenorice la colección del padre José Ángel; ésta se puede conocer mediante dos fuentes: 1) Las publicaciones de Garza Guajardo, las cuales solo detallan una parte del acervo. 2) El ex libris del sacerdote, presente en numerosos títulos no registrados por Garza Guajardo para consultarlos, se debe revisar el fondo antiguo de la BURRF.

Es preciso aclarar que la primera Biblioteca Pública de Nuevo León se localizaba en el Palacio de Gobierno. Fue clausurada en 1951 cuando se decidió que formaría parte de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Nuevo León. Garza Guajardo (1985) asegura que no se realizó ningún inventario de sus acervos, los cuales fueron guardados en cajas en los sótanos de la escuela primara “Fernández de Lizardi” mientras se gestionaba la entrega formal a la universidad. Durante el cambio de sede, mucho material se perdió, por lo que no fue posible precisar el número de volúmenes rescatados.

De acuerdo con Garza Guajardo (1986), las obras de Benavides, tras ser compradas por el gobierno de Nuevo León en 1882, fueron clasificadas de la siguiente manera:

• 203 volúmenes de ciencias

• 208 de Historia

• 161 de Literatura

• 581 de Religión y Teología

• 21 de artes y oficios

• 4 diversos

Al consultar las descripciones de este autor y revisar físicamente el fondo antiguo de la BURRF, sorprende observar obras de autores prohibidos por los cleros mexicanos entre 1821 y 1855, pues ellas propician la formulación de preguntas de investigación, así como la problematización de los eclesiásticos nuevoleoneses, muchas veces considerados por la historiografía liberal como un bloque homogéneo enemigo del republicanismo federalista. Baste mencionar Nuevo León ocupado. Aspectos de la guerra México-Estados Unidos de César Morado Macías y Miguel Ángel González Quiroga (2021), quienes describen a un Benavides que apoyó indiscutiblemente el centralismo, sistema político comúnmente asociado con el conservadurismo mexicano del siglo XIX.

El pensamiento de Benavides, sugerido por su biblioteca, exhibe a un personaje bien familiarizado con las discusiones más polémicas de la época, relacionadas con la disciplina eclesiástica (es decir, las prácticas del clero que no tienen un carácter obligatorio en la Biblia, como el celibato), la soberanía, el republicanismo, los fundamentos racionales de los Estados y la tiranía. Garza Guajardo (1985) anotó que entre los libros poseídos por Benavides se encuentran:

• El contrato social, de Jean-Jacques Rousseau

• Pensamientos, de Jean-Jacques Rousseau

• Triunfo de la libertad, de Juan Germán Roscio

• Apología católica del proyecto de constitución religiosa, de Juan Antonio Llorente

• Jus ecclesiásticum, de Zeger Bernard Van Espen

Mientras que los títulos de Rousseau y Llorente estaban prohibidos y se ordenó que fueran recogidos en cuanto se reconocieran, los de Van Espen y Roscio quisieron vetarse, pero no se consiguió. Otros impresos formalmente prohibidos que poseyó Benavides, que no aparecen en las descripciones de Garza Guajardo, pero que fueron identificados por el ex libris, son:

• Holbach, La moral universal o los deberes del hombre fundados por su naturaleza, Tomo II, Valladolid, Imprenta de Pedro Cifuentes, 1821

• Holbach, La moral universal o los deberes del hombre fundados por su naturaleza, Tomo III, Valladolid, Imprenta de Pedro Cifuentes, 1821

El tomo I del mismo título también se encuentra en la BURRF, y aunque no tiene la marca de propiedad de Benavides, es posible que le perteneciera, pues dicho tomo fue igualmente publicado en 1821 por la Imprenta de Pedro Cifuentes, además, el encuadernado es idéntico al de los tomos II y III. Un libro antiguo es una fuente primaria que arroja mucha información histórica. El tomo I tiene una anotación manuscrita en la que se lee: “Está prohibida por decreto de 4 de julio de 1837”, la que puede ser sintomática de la faceta de coleccionista de Benavides. Además, la letra puede ayudar a reconocer otros impresos que pertenecieron al eclesiástico.

Ahora bien, cabe preguntarse ¿quién ingresó a México los libros prohibidos pertenecientes a Benavides? La materialidad de los tomos II y III de La moral universal… ofrecen pistas para responder esta cuestión. Como se puede ver en la Imagen 1, la obra resguardada en la BURRF tiene una etiqueta en la que se lee: “Librería Francesa […] de Masson e hijos”. Este era el sello comercial utilizado por Ernesto Masson, librero de origen francés que, en la década de 1820, instaló un cajón en la calle de Plateros de la Ciudad de México.

Imagen 1

Contraportada de La moral universal o los deberes del hombre fundados por su naturaleza (tomo II), localizada en BURRF

Fuente: fotografía del ejemplar resguardado en la BURRF.

Masson protagonizó un hecho que preocupó al clero mexicano: se detectó que vendía obras de autores vetados por la extinta Inquisición, entre los cuales figuraban Juan Antonio Llorente y Voltaire. Aunque las prohibiciones del Santo Oficio no eran válidas en el México Independiente, el arzobispo de México pensó que tales libros eran nocivos para el catolicismo y, por lo tanto, debían ser prohibidos. También era consciente de que efectuar un juicio de censura podía demorar meses, así que, sin previo dictamen, decidió solicitar a un juez civil el decomiso de aquellos títulos en poder del librero francés que consideró peligrosos. La incautación fue aprobada y ejecutada por el juez de letras Francisco Ruano.²

El decomiso no frenó las actividades ilegales del librero francés. En enero de 1826, se retuvieron en la aduana de la ciudad de México y reembarcaron decenas de tomos de Guerra de los dioses, El Citador, El sistema de la naturaleza, Ruinas de Palmira, La sana razón o el buen sentido y Compendio del origen de todos los cultos, todos ellos vetados el 27 de septiembre de 1822 por el gobierno de Agustín de Iturbide, los cuales se dirigían al comercio de Masson.³

Es decir que Benavides pudo comprar títulos prohibidos toda vez que había comerciantes extranjeros dispuestos a introducirlos; y es que, en la primera mitad del siglo XIX, un libro era un artículo sumamente demandado, que no se devaluaba con el tiempo, por el contrario, aumentaba su valor. En el siguiente apartado se ofrecen algunas cifras al respecto. Por ahora, baste mencionar que el caso de Benavides no era excepcional. A finales de los años veinte y principios de los treinta, se identificó que, por la aduana de Veracruz, el francés Pedro Beaume ingresó obras vetadas, entre ellas, Ruinas de Palmira.⁴ En ese lapso, otro librero galo, Hipólito Seguín, publicó un catálogo de los impresos que vendía en su negocio (ubicado en Portal de los Mercaderes número 4, en la ciudad de México). Entre dichos impresos figuraron algunos prohibidos (hecho por el cual fue denunciado), entre ellos: El contrato social, El Compadre Mateo, El sistema de la naturaleza, y su compendio, Arte de amar, Novelas de Voltaire y Proyecto de una constitución religiosa considerada como parte de la constitución civil.⁵

Asimismo, en la BURRF también se resguarda Colección diplomática de varios papeles antiguos y modernos sobre dispensas matrimoniales y otros puntos de disciplina eclesiástica de Llorente (1827). El ejemplar tiene la anotación “Esta obra está prohibida por la Sagrada Congregación en decreto de 26 de agosto de 1822 dado en Roma”; la letra manuscrita es idéntica a la del tomo I de Holbach, así que muy probablemente perteneció a Benavides. Asimismo, en la ya mencionada Apología católica… se anotó a mano, con letra muy similar a la de los títulos arriba comentados: “Obra prohibida por decreto de 26 de Agosto de 1822, p. 341”. ¿Por qué a Benavides le interesaba conservar textos vetados? ¿Los leyó para poder rebatirlos? ¿O más bien era un bibliófilo? Esta última opción no es descabellada, pues prelados de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX coleccionaron obras prohibidas, como Emeterio Valverde Téllez (1864-1948), obispo de León, filósofo y bibliógrafo.

Vale la pena examinar el contenido y la circulación de algunos libros prohibidos pertenecientes a Benavides, para entender sus repercusiones. Esta cuestión se desarrolla en el siguiente apartado, a la vez que se ahonda en algunos fenómenos que pueden estudiarse mediante los impresos vetados. Por motivos prácticos relacionados a la extensión de este artículo, únicamente se consideran El contrato social, de Rousseau, y Apología católica del proyecto de constitución religiosa, de Juan Antonio Llorente.

4. El acervo “impío” de Benavides

El contrato social de Rousseau era uno de los textos más comercializados en el mundo occidental durante la primera mitad del siglo XIX, a pesar de su brevedad (menos de 200 páginas). Allí se afirmó que el origen de toda organización política era el resultado de un pacto racional, realizado por personas iguales que, si bien pudieron discrepar entre ellas, respetaron la voluntad general. Rousseau propuso a los Estados de su época reemprender dicha voluntad general a través de un sistema político democrático, el cual suponía que la soberanía recaía en las mayorías. Para el autor galo, la voluntad general no podía equivocarse deliberadamente, pues siempre tendía a la felicidad de la mayor cantidad de personas, pero si era engañada, podía corregir sus decisiones mediante un Congreso en constante renovación (Rousseau, 1836). Así, El contrato social resultaba peligroso particularmente para las monarquías absolutistas, como la española, la cual consideraba a Rousseau como uno de los principales exponentes de la revolución francesa.

Hay que señalar que, si Rousseau fue visto como un escritor particularmente peligroso, cuyos textos debían frenarse a toda costa, era porque una parte de la Iglesia estaba convencida de que la revolución gala había suscitado la aparición de sectas compuestas por hombres “naturalmente locos”, que conspiraban para erradicar la religión del mundo y asesinar a los pontífices, sacerdotes y reyes católicos (Barruel, 1813, pp. V-XI).⁶ Tal postura fue divulgada en las famosas Memorias para servir a la historia del Jacobinismo, del abate Agustín Barruel (1741-1820), las cuales fueron traducidas en diversas lenguas durante las primeras dos décadas del siglo XIX y, desde luego, circularon en México. Otro texto en el que Barruel "logró hacer parecer que la Revolución francesa era el resultado de una conspiración internacional para acabar con el altar y el trono, [y] que había sido formulada por los filósofos y masones encabezados" por personajes como Voltaire y Rousseau (Vázquez Semadeni, 2011), fue Historia del clero en el tiempo de la revolución francesa (1800), el cual fue impreso en Nueva España por Mariano de Zúñiga y Ontiveros.

Hacia 1803, los inquisidores de Nueva España prohibieron una edición en español de El contrato social. De acuerdo con el Comandante General de las Provincias Internas de Oriente, una traducción defectuosa del texto circulaba ilegalmente en el noreste del virreinato.⁷ Trece años después, fray Miguel González, residente de San Luis Potosí, avisó al Santo Oficio que por la costa de Nuevo Santander (hoy Tamaulipas) era común el ingreso de cajones de libros españoles y extranjeros impíos, vendidos por Altamira, sin que haya persona que vigile y (dado el caso) detenga la literatura anticatólica; asimismo, informó que, en un pueblo llamado Armadillo (cercano a San Luis Potosí), existía una imprenta en las que “cada uno puede sacar a la luz cuanto se le antoje”.⁸

Este tipo de testimonios evidencia que la porosidad de la costa de Nuevo Santander era bien conocida. No es de extrañar que fray Servando Teresa de Mier, después de dos décadas en el exilio, decidiera volver a Nueva España por Soto la Marina, donde las tropas de Joaquín de Arredondo lo apresaron en 1817 y le decomisaron su biblioteca, la cual contenía la obra de Rousseau (Zapata Aguilar, 1996).

Tras el estallido de la independencia de México, circuló en el país una traducción de El contrato social, editada en el taller de Miguel Domingo, impresor y librero radicado en Palma (España) desde 1810, donde publicó una multitud de folletos y periódicos afines a las reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz (Rodríguez Morín, 2013).

¿Quiénes comercializaron en el país El contrato social? En el apartado anterior se aludía a Hipólito Seguín; aquí se ahonda en el caso del librero estadunidense Mathew Carey, personaje estudiado por Nancy Vogeley (2011). Carey llegó a realizar ventas por 1.119.06 dólares el 20 de octubre de 1822 (el costo promedio de una obra encuadernada en la década de 1820 era de 2.50 dólares). Tan sólo ese día expendió 190 copias de El triunfo de la libertad de Juan German Roscio, 160 de El contrato social de Rousseau, 75 de Los derechos del hombre de Thomas Paine y 165 de El Desengaño del hombre de Felipe Puglia.

En la vida independiente fue común citar a Rousseau; numerosos periódicos y folletos hacían alusión a él. Por ejemplo, en el opúsculo Bosquejo de los fraudes que las pasiones de los hombres han introducido en nuestra santa religión, editado en Palma de Mallorca (España) en 1813 y reimpreso tanto en Barcelona como en la Ciudad de México en 1820, se defendió la idea de que los derechos naturales del hombre existían, y que éstos debían ser garantizados por el Estado.⁹ Toda vez que el folleto basaba sus argumentos en autores como Rousseau, fue formalmente prohibido en el arzobispado de México. Posteriormente, el 13 de octubre de 1827, El Sol publicó una opinión firmada con el pseudónimo Philopatro, en la que se alentaba a leer a Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Condillac y Desttut de Tracy a la hora de buscar términos para escribir o pronunciar un discurso.¹⁰ El 23 de enero de 1828, en ese mismo periódico se discutieron los conceptos de tiranía y pacto social de Rousseau, así como de Locke.¹¹

Asimismo, Apología católica del proyecto de constitución religiosa fue uno de los textos más perseguidos por las autoridades eclesiásticas mexicanas entre 1821 y 1855. El libro fue escrito por Juan Antonio Llorente, uno de los autores comercialmente más exitosos en México, pero también uno de los más censurados. Se trataba de un crítico ferviente de la curia romana, famoso por haber escrito Historia crítica de la Inquisición española, donde se exponía que el Santo Oficio codiciaba riquezas y no se apegaba a procedimientos objetivos para realizar juicios, dando motivos a numerosas familias españolas para emigrar durante diferentes épocas. Tales posturas le valieron la prohibición de su obra en diversos puntos, tanto de Europa como de América (Bárcenas García, 2023).

Cabe señalar que Llorente fue eclesiástico, historiador y político; fungió como secretario de la Inquisición de la Corte de Madrid, cargo que aprovechó para recoger archivos y realizar apuntes. Contemporáneo de la invasión napoleónica a la península ibérica, José Bonaparte I lo nombró consejero de Estado, razón por la cual fue tachado de traidor afrancesado. Llorente culpó a los papas de alejar a la Iglesia de su papel espiritual para centrarse en asuntos políticos-económicos. Por ello, consideró que el poder eclesiástico debía ser supervisado y administrado por las autoridades civiles, argumento que desarrolló en diversos libros. Así, en 1819 salió a la luz su Proyecto de una constitución religiosa considerada como parte de la constitución civil, cuando las revoluciones hispanoamericanas habían iniciado su curso. En el título, se proponía a los inminentes Estados independientes de América la creación de gobiernos confesionales regidos por el principio de soberanía nacional, así como un proyecto de reforma del clero. Fue publicado en París tanto en francés como en español el mismo año. En el libro también se sostenía, entre diversas cuestiones, que el patronato era inherente a la nación, lo cual conllevaba, por un lado, que una Iglesia nacional debía ser leal a las leyes del Estado antes que a la Santa Sede, y por el otro, que el soberano de cada país tenía derecho a intervenir en la administración de la Iglesia (Bárcenas García, 2023).

Proyecto de una constitución religiosa… fue denunciado en 1820 ante el obispo de Barcelona, quien ordenó su censura y posteriormente lo declaró prohibido por presentar seis proposiciones heréticas, entre ellas: afirmar que las naciones católicas no debían adoptar las prácticas de fe y leyes eclesiásticas introducidas después del siglo II (pues no fueron ideadas por los apóstoles, de modo que eran invenciones erróneas de los hombres), y proponer que no se persiguiera ni castigase a quienes no profesaban el catolicismo, sino que se les persuadiera, como en su momento lo hizo Jesucristo. Este último planteamiento implicaba realizar reformas a la disciplina eclesiástica, por ejemplo, la abolición de la excomunión (Llorente, 1822).

Llorente decidió impugnar la prohibición de su Proyecto de una constitución religiosa… mediante la publicación de Apología católica del proyecto de constitución religiosa (1822), libro en el cual incluyó una nueva versión de Proyecto de una constitución religiosa… La singularidad de Apología católica…, que se vendió con éxito en México durante la Primera República Federal (1824-1835), radicaba no sólo en las ideas, sino también en el hecho de que constituía una suerte de manual que mostraba a los autores cómo rebatir una prohibición. Llorente aconsejaba a los escritores que aceptaran las prohibiciones respetables, “fundadas en hechos verdaderos, deducidas con buena lógica”, pero que rechazaran las censuras basadas en argumentos de autoridad, que no estaban sustentadas documental o racionalmente (Llorente, 1822, pp. 22-23).

El ejemplar de Apología católica… resguardado en la BURRF contiene una nota manuscrita en la que se lee: “Obra prohibida por decreto de 26 de agosto de 1822, pág. 341”. Al consultar la página señalada puede observarse que se marcó el siguiente párrafo:

Los libros de Llorente se vendieron cuantiosamente en la vida independiente. Al clero mexicano le preocupó esta situación, sobre todo porque –desde su perspectiva– los tales impresos incitaban a desobedecer al papa, la cabeza de la Iglesia, quien evitaba el cisma del mundo católico. Se pensó que impedir la lectura de autores como Llorente podía evitar que se manifestaran posturas reformistas en los comportamientos públicos. No obstante, a pesar de las prohibiciones, se detectó que, en las décadas de 1820 y 1839, Apología católica del proyecto de constitución religiosa circuló en los obispados de Durango y Monterrey, ubicados en el norte del país, así como en las diócesis de Puebla y Michoacán, localizadas en el centro y oeste respectivamente (Llorente, 1822, p. 341).

Este texto pretende mostrar que la erudición de los eclesiásticos podía estar basada en supuestos erróneos, de modo que había que dudar de sus resoluciones en materia teológica. Así, la circulación de la Apología católica… en el México Independiente evidencia por lo menos: 1) Que al clero nacional le incomodaba la crítica a su autoridad, aunque ello no implicara un ataque al catolicismo. 2) Que los ciudadanos empezaban a darse cuenta de que era legítimo discrepar de la Iglesia.

En este sentido, Proyecto de una constitución religiosa… fue un título polémico porque se oponía abiertamente al poder de Roma y planteaba una reforma radical de la disciplina eclesiástica. Por ejemplo, Llorente consideraba que era necesario erradicar ciertas prácticas que no tenían un carácter imperativo en los evangelios, como el celibato eclesiástico o la obligación de asistir a misa. En un Estado católico en vías de construcción, como lo era México, las ideas de Llorente resultaban incómodas para la Iglesia, puesto que la aplicación de éstas implicaba que el poder espiritual debía supeditarse a las órdenes del poder terrenal.

Dicho lo anterior, ¿Qué implicaciones pudo tener la presencia de libros de Rousseau y Llorente en la biblioteca de Benavides? ¿Por qué un eclesiástico conservó en su colección personal títulos vetados por el clero?

Conclusiones

Aunque la mayor parte de la biblioteca de Benavides fue catalogada como religiosa, según lo planteado por Garza Guajardo (1986), se trata de un acervo con características políticas, que exhortaba discernir de la disciplina eclesiástica. La presencia de libros prohibidos en la colección de un eclesiástico regiomontano puede ser sintomática de tres fenómenos:

El primero, el perfil crítico de los clérigos del norte mexicano. La biblioteca de Benavides exhibe que el clero de Monterrey estaba familiarizado con las discusiones sobre soberanía y derechos naturales, conceptos fundamentales en los distintos proyectos políticos que se ensayaron en la vida independiente. Aunque no se simpatizara con las ideas de los autores prohibidos (como aconteció con Bernardino Cantú, lector de Llorente, quien parece haber leído textos ilegales para estar en condiciones de rebatirlos), la presencia de literatura vetada muestra que los miembros del clero conocían los conceptos centrales de las posturas polémicas discutidas en la prensa.

El segundo, el coleccionismo de los sacerdotes, el cual promovió la circulación ilegal trasatlántica de impresos, la cual no debió ser menor. Y es que un comerciante difícilmente contrabandeaba un solo ejemplar de un título prohibido. Como se mencionó, Mathew Carey vendió en un solo día 160 copias de El contrato social. Después de todo, un librero era un hombre de negocios, interesado en obtener los mayores beneficios económicos. La cantidad de obras que Carey introdujo a México fue abundante. Su agente en México, Thomas W. Robeson, le informó que, en 1822, había remitido con un arriero que se dirigía a la Ciudad de México 1481 ejemplares en un solo viaje. En otro mandó cinco cajones con 1.271 títulos. Entre estos últimos se encontraban algunos que fueron prohibidos ese año, como Ruinas de Palmira, o bien, se vetaron en los años siguientes, por ejemplo, Los derechos del hombre y Desengaño del hombre (Vogeley, 2011). Aunque Benavides no conociera la dimensión de este fenómeno comercial, queriéndolo o no, lo impulsaba; eso sí, como bibliófilo, debió saber que el libro decimonónico, a diferencia de otros productos, no se devaluaba en el mercado, sino que aumentaba su valor, además, podía intercambiarse por dinero o bienes. Según Vogeley (2011, pp. 15-16), el comercio de obras en México era similar al tráfico de esclavos u opio: involucraba a comerciantes que pensaban internacionalmente y apostaban por el éxito de su mercancía. Un libro era uno de los artículos económicamente más atractivos que los empresarios tanto estadunidenses como europeos buscaban producir, porque era pequeño y fácil de transportar. Además, todavía no se habían establecido leyes en torno a los derechos de autor en el continente americano, así que los impresores podían reproducirlos libremente sin pagar regalías.

Finalmente, el tercero, la influencia de los textos vetados en el ámbito sociopolítico nacional del siglo XIX. Desde luego que, para afirmar este último punto, se requiere de evidencia empírica, que compruebe cómo los eclesiásticos utilizaron los periódicos y los folletos para difundir ideas fundamentadas en los autores prohibidos. Toda vez que Benavides no fue un escritor público, por el momento no es posible relacionar su práctica política con sus títulos vetados. El argumento planteado en este punto constituye una hipótesis por desarrollar en el futuro.

La BURRF es un espacio que custodia el patrimonio bibliográfico de Nuevo León. Que resguarde impresos prohibidos resulta fundamental para estudiar la circulación e incidencia de las ideas más polémicas del siglo XIX en una región periférica de México. Las ciudades y pueblos alejados del centro político del país no sólo fomentaron el comercio trasatlántico legal de libros, sino que participaron en el contrabando de literatura. Así como Darnton ha demostrado para el caso de la Francia dieciochesca cómo los impresos prohibidos (sobre todo aquellos provenientes de Grub street) fueron importantes para la crítica del antiguo régimen, tal vez los títulos vetados en México durante 1821-1855 fueron más significativos de lo que se creyó en la construcción de las culturas políticas de las múltiples entidades mexicanas.

Es importante, tanto para la historiografía como para la memoria colectiva de Nuevo León, que la BURRF promueva la investigación y la difusión de su acervo decimonónico, con el cual pueden construirse narrativas hasta ahora desconocidas tanto por su pequeña comunidad académica (más interesada en temas relacionados con las culturas obrera e industrial) como por la sociedad. Las instituciones educativas y culturales suelen justificar el ejercicio de su presupuesto destinado a la preservación del patrimonio cultural aludiendo a la generación de identidad colectiva; y en efecto, están en lo correcto. Sin embargo, la preservación del patrimonio cultural sólo tiene sentido si éste es conocido y valorado socialmente; cuando las personas lo consumen (es decir, lo visitan, lo estudian, lo conmemoran), propician la producción o el fortalecimiento de sentido de pertenencia.

Promover el estudio y la divulgación del acervo de Benavides es relevante para que los ciudadanos de Nuevo León comprendan el valor simbólico e histórico de los libros. Además, acceder de manera amplia y democrática al patrimonio es un derecho fundamental; para lograrlo, no basta con consumir las narrativas hegemónicas, centradas en la cultura industrial; es necesario complejizar las historias que incidieron en la construcción de la sociedad nuevoleonesa, más diversa de lo que sugieren los discursos predominantes.

Agradecimientos

Agradezco a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) por el apoyo financiero otorgado a través del programa Estancias Posdoctorales por México (período 2025-2028).

Fuentes documentales

Águila Mexicana, Imprenta de La Águila, dirigida por José Ximeno, calle de Medinas Nº 6, 1824.

Archivo General de la Nación (México). https://www.gob.mx/agn

Barruel, A. (1813). Memorias para servir a la historia del Jacobinismo, escritas en francés por el abate Barruel; traducidas al castellano por F. R. S. V. observante de la provincia de Mallorca (Tomo II). Imprenta de Felipe Guasp.

El Sol, Imprenta a cargo de Martín Rivera, 1826-1828.

Referencias

Bárcenas García, F. (2023). Juan Antonio Llorente. Un autor español prohibido en México. En Muy Interesante, Edición coleccionista: Libros malditos. Del Popol Vuh al Mein Kampf (pp. 92-101). Zinet Media Global.

Cavazos Garza, I. (1984). Diccionario biográfico de Nuevo León. Tomo I, A-L. Universidad Autónoma de Nuevo León.

Chartier, R. y Roche D. ([1974] 1980). El libro. Un cambio de perspectiva. En J. Le Goff y P. Nora (Dirs.). Hacer la Historia, III. Objetos nuevos (pp. 15-58). Laia.

Connaughton, B. (2014). La búsqueda del código jurídico y la forja del canon de reforma político-religiosa: Macanaz y la tradición regalista, siglos XVIII y XIX. En F. J. Cervantes Bello y M. P. Martínez López-Cano (Coords.). Reformas y resistencias en la Iglesia novohispana, México (pp. 139-186). Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Darnton, R. (2014). Censores trabajando. De cómo los Estados dieron forma a la literatura. Fondo de Cultura Económica.

Garza Guajardo, C. (1985). El contenido histórico de un proceso cultural nuevoleonés la Biblioteca Pública del Estado, 1882-1951. La Biblioteca Universitaria, 1952-1981. UANL, Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria.

Garza Guajardo, C. (1986). La Biblioteca Pública de Nuevo León, 1882-1950. Sueños y tragedias. Gobierno del Estado de Nuevo León.

González Maíz, R. (2003). La enseñanza del Derecho en Nuevo León: las instituciones y los hombres. En S. Flores Longoria (Coord.). Historia de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, 1824-2002 (pp. 358-396). Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Criminología.

Herrejón Peredo, C. (1983). Hidalgo: la justificación de la insurgencia. Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 4(13), 31-51.

Holbach, P. H. T. (1821). La moral universal o los deberes del hombre fundados por su naturaleza (Tomos I, III y III). Imprenta de Pedro Cifuentes.

Ibarra González, A. C. (2010). El clero de la Nueva España durante el proceso de independencia, 1808-1821. Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Llorente, J. A. (1822). Apología católica del proyecto de constitución religiosa. Imprenta de Alban y Compañía.

Llorente, J. A. (1827). Colección diplomática de varios papeles antiguos y modernos sobre dispensas matrimoniales y otros puntos de disciplina eclesiástica. Imprenta de Galván.

Morado Macías, C. y González-Quiroga, M. A. (2021). Nuevo León ocupado. Aspectos de la guerra México-Estados Unidos. Fondo Editorial de Nuevo León.

Rodríguez Morín, F. (2013). Sobre la conmoción sufrida por los reaccionarios mallorquines en 1813, a cuenta de una traducción de El contrato social de Rousseau. Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d' Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics (23), 163-191. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4630666.pdf

Rousseau, J. J. (1836) El contrato social, o sea Principios del derecho político. Imprenta de los Herederos de Roca.

Staples, A. (2010). La lectura y los lectores en los primeros años de vida independiente. En J. Zoraida Vázquez (coord.). Historia de la lectura en México (pp. 94-126). El Colegio de México.

Suárez de la Torre, L. (2011). Construir un mercado, renovar las lecturas y hacer nuevos lectores. La librería de Frédéric Rosa (1824-1850). Bulletin hispanique,113(1), 469-484. https://doi.org/10.4000/bulletinhispanique.1551

Taylor, W. B. (2003). Entre el proceso global y el conocimiento local. Ensayos sobre el Estado, la sociedad y la cultura en el México del siglo XVIII. Universidad Autónoma Metropolitana, Miguel Ángel Porrúa.

Vázquez Semadeni, M. E. (2011). La imagen pública de la masonería en Nueva España, 1761-1821. Relaciones. Estudios de historia y sociedad, 32(125), 167-207. https://revistarelaciones.colmich.edu.mx/index.php/relaciones/article/view/581/829

Vogeley, N. (2011). The Bookrunner: A history of Inter-American-Relations-Print, Politics, and Commerce in the United States and Mexico, 1800-1830. American Philosophical Society.

Zapata Aguilar, G. (1996). Bibliotecas antiguas de Nuevo León. Universidad Autónoma de Nuevo León.

Notas

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